La exalcaldesa de Plasencia, Elia María Blanco, ha negado hoy las imputaciones de la Fiscalía y de la acusación particular por las que le acusan de haber cometido el delito de prevaricación administrativa, fraude y tráfico de influencias durante las dos legislaturas en las que ha estado al frente del equipo de Gobierno municipal de la capital del Jerte. Blanco ha contestado a las preguntas del fiscal pero se ha negado a responder a las interpelaciones de la acusación del Partido Popular.

En su intervención la dirigente política ha manifestado en numerosas ocasiones que ella desconocía que hubiese informes contrarios del interventor que desaconsejaban autorizar el procedimiento de gasto para determinadas obras ejecutadas en la ciudad. De hecho, ha puntualizado que a raíz de la publicación del caso en los medios de comunicación detectaron que existían dichos informes que se adjuntaban a la relación de facturas.

La exalcaldesa ha explicado al fiscal que se puso en marcha un sistema informático que le permitiese “agilizar el trabajo” ya que “para mí era importante la funcionalidad del sistema”. A través de este sistema, Blanco firmaba una relación que incluía “un determinado número de gastos”. Sobre los informes que emitía el interventor y las observaciones que advertían de las irregularidades Blanco sostiene que en ningún momento tuvo constancia de dichos escritos “a mí no me llegaban esos informes”, ha reiterado en varias ocasiones.

Incluso ha manifestado que el interventor “falta a la verdad” cuando asegura que le había transmitido esas observaciones en reuniones en su despacho. Blanco ha dicho desconocer, ante la insistencia del fiscal, cómo esos informes que existían en el programa informático de contabilidad, nunca llegaron a su conocimiento.

El fiscal ha ido interpelando por cada una de las siete obras cuyos contratos habrían sido fraccionados a sabiendas de que era una ilegalidad y para favorecer al constructor José Antonio Romero Vega, también acusado en la causa. Elia María Blanco ha considerado el fraccionamiento como “una suma de necesidades” y ha indicado que no puede hacer ninguna valoración.

Preguntada por las relaciones personales del constructor Romero Vega con ediles de su equipo de Gobierno ha dicho que no le consta ninguna relación especial con algún concejal ni que ninguno de ellos haya tenido una vinculación laboral con el empresario. Asimismo ha dicho desconocer si su jefa de gabinete habría trabajado anteriormente para Romero antes de incorporarse al ayuntamiento.

Blanco ha sido la primera de los acusados en declarar en la primera sesión del juicio del “caso Plasencia”. Su interrogatorio fue interrumpido a las 16.00 horas por petición de los abogados de la defensa para realizar un receso para la comida y se retomaba una hora y media después.

La declaración de la exalcaldesa se prolongó hasta casi las siete de la tarde y en la segunda parte del interrogatorio contestaba a todas las preguntas realizadas por los abogados de la defensa, entre ellas las de su propio letrado. Blanco ha reitirado que antes de que llegase a sus manos una orden de pago para que ella, como alcaldesa, la firmase, pasaba dos filtros “de legalidad”, el de secretaría y el de intervención, ya ha señalado que en ningún caso se hizo mención a que ese procedimiento era ilegal.

Asimismo, ha dejado claro que nunca se ha confabulado con ningún empresario y tampoco ha recibido presiones de nadie. Ha puntualizado que se limitó a firmar las facturas que llegaban a la alcaldía y los técnicos y concejales de las diferentes áreas eran los encargados de velar y certificar “si estaban ejecutadas” las obras en cuestión. Ha añadido asimismo que en dicha orden de pago se requieren tres firmas: la del interventor, “que confecciona el decreto”, la del secretario como fedatario público y la de la alcaldesa.

Barbancho y Tornero

Por su parte, el que fuera edil de Hacienda en la legislatura de 2007 a 2011 con Elia María Blanco, Francisco Barbancho, se ha pronunciado en la misma línea que Blanco manifestando que nunca tuvo conocimiento de las observaciones del interventor y tampoco ha manejado el programa informático que gestionaban las dos secretarias municipales. El representante del Ministerio Fiscal se ha centrado en una de las obras en las que Barbancho tuvo responsabilidad en julio del 2008 cuando ejerció de concejal de Obras en funciones ante la ausencia de Blas Raimundo.

Sobre esa obra, que como expuso la jueza en la formulación de la causa se dividió en dos facturas adjudicadas a una de las empresas de Romero Vega (OGEX) por un importe total de 97.612 euros, el edil puntualizó que el propio constructor le propuso realizar la segunda parte de las obras: “acondicionamiento de terrenos para usos múltiples” aprovechando que ya tenía la maquinaría in situ y se decidió que se abonaría en el próximo ejercicio. Barbancho mantiene que en todo momento contó con el visto bueno de los técnicos municipales para tomar esta decisión, y posteriormente se desentendió del tema cuando Raimundo regresó a su concejalía.

Enrique Tornero, que ejerció varias responsabilidades durante dos legislaturas en los gobiernos del PSOE, entre ellas, las delegaciones de Deportes y Juventud, coincidió con sus compañeros de partido en la misma argumentación. A través del sistema informático municipal se autorizaba el gasto de las obras una vez que estaba "validado" por el departamento de intervención. "Había tres posibilidades: sí procede, no procede y pendiente", explicó Tornero, quien dejó claro que no se tenía acceso a ningún tipo de "observación", simplemente se conocía si procedía ese gasto o no procedía.

Como anécdota destacar que el acusado Pablo Sánchez del Mazo se representa a sí mismo al ser él abogado, por lo que ha evitado sentarse en el banquillo de los acusados durante la vista.

El primer día del juicio ha continuado hasta altas horas de la noche con las declaraciones del resto de acusados, excepto la del constructor José Antonio Romero Vega que comparecerá este jueves. La sesión se retomará a las 11.00 horas de nuevo en el Palacio de Justicia.