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UPEx, Unión del Pueblo Extremeño, de Plasencia  ha vuelto a pedir explicaciones al gobierno extremeño y a la consejería de Salud y Política Social sobre el futuro del Centro de Menores Valcorchero de la ciudad. La portavoz de la formación política, María Victoria Domínguez, lleva interpelando por este asunto desde hacer meses tanto al ejecutivo extremeño como al ayuntamiento, y ha mostrado su preocupación por los 51 trabajadores con los que cuenta el centro.

Domínguez se ha referido a las declaraciones que la semana pasada realizaba el consejero Luis Alfonso Hernández Carrón cuando dijo en una visita a Plasencia, que Valcorchero podría ser un centro “idóneo” para reconvertirse en un centro de cumplimiento de medidas judiciales similar al Marcelo Nessi de Badajoz. En este sentido, la dirigente política ha dejado claro que en la actualidad Valcorchero no podría cumplir esa función y se necesitaría un proyecto de reforma y adaptación para el que no hay destinada ninguna partida en los presupuestos autonómicos para 2014.

Ha planteado la posibilidad de que sea la capital cacereña la que acoja un centro de estas características, para el cumplimiento de condenas de los menores, ya que es Cáceres la ciudad que  tiene el Juzgado de Menores.

Por otra parte, Domínguez también le ha solicitado al equipo municipal de Gobierno que requiera a la Confederación Hidrográfica del Tajo el informe sectorial pertinente que debe emitir el organismo de cuenca sobre el Plan General Municipal, ya que como recordaba la edil, y reconocía el concejal de Urbanismo, José Antonio Hernández, la confederación ha agotado el plazo de seis meses del que disponía para realizar una valoración de sus competencias en el nuevo planeamiento urbanístico.

En este sentido, desde UPEx han vuelto a pedir celeridad al ayuntamiento para que se tramite de manera “urgente” el PGM ya que considera que en estos momentos se debería estar dando respuesta a las alegaciones que se han presentado al plan, entre ellas, las realizadas por la formación regionalista que atañen, entre otros asuntos, a la distancia de aerogeneradores del casco urbano o a la instalación de torres de telefonía móvil en el centro histórico.


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