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El acuerdo alcanzado por las comunidades autónomas de la cuenca del Tajo, entre ellas Extremadura, dota de "transparencia y seguridad jurídica" al trasvase Tajo-Segura y todas las autonomías implicadas en él, según ha afirmado el consejero de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente de la Junta de Extremadura, José Antonio Echávarri.

El consejero extremeño ha destacado "el consenso" obtenido en torno a "un problema latente desde hace 20 años". Este pacto alcanzado por las cinco comunidades dependientes del Tajo garantiza las necesidades de las cuencas cedentes y receptoras e impedirá el trasvase de agua si la reserva es menor a los 400 hectómetros cúbicos, en vez de los 240 actuales.

Además, el acuerdo está recogido en ocho enmiendas a la Ley de Evaluación Ambiental, que el grupo popular registró anoche en la Cámara baja. Echávarri ha señalado que "se ha vuelto a la senda" del consenso en torno al plan hidrológico nacional de 2001, que "por razones políticas de algunos territorios" no se llevó a cabo.

El trasvase Tajo-Segura, ha asegurado, "ha sido motivo de discusión durante las últimas dos décadas por no estar regulado en la planificación", por eso es de agradecer un pacto "en un recurso fundamental" como el agua.

Según Echávarri, gracias a este acuerdo "no habrá que discutir año a año cuántos hectómetros se trasvasan a Murcia y Valencia" y se asegura la planificación estatal de cuencas distintas.

Extremadura, como cedente y más alejada de la zona del trasvase -la cabecera del Tajo-, es "una autonomía solidaria" con las comunidades que tienen necesidades, ha asegurado.

Por último, el consejero extremeño ha indicado que el acuerdo "es un ejemplo a seguir para la planificación hidrológica del futuro".

Las bases del nuevo plan nacional, ha afirmado Arias Cañete, se sentarán una vez estén aprobados todos los planes de cuenca (en la actualidad sólo están aprobados 13), en un horizonte temporal que ha situado después de la primavera de 2014.


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