La Consejería de Salud y Política Social, el Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD) y la Diputación de Cáceres han firmado hoy dos convenios de colaboración por los que garantizan el mantenimiento del servicio de teleasistencia domiciliaria a 3.204 usuarios de la provincia con un presupuesto 642.700 euros, supliendo de este modo la ausencia de fondos procedentes del IMSERSO.

“Hacemos un esfuerzo extraordinario priorizando en época de dificultades presupuestarias aquello que realmente es necesario para los ciudadanos, como son las prestaciones sociales”, ha manifestado el consejero, Luis Alfonso Hernández Carrón, en rueda de prensa tras la firma de los acuerdos, que también han sido rubricados por la directora gerente del SEPAD, Cristina Herrera, y el presidente de la institución provincial, Laureano León.

Según ha explicado, a la hora de hablar de la teleasistencia domiciliaria hay que distinguir entre dos tipos de usuarios, las personas beneficiarias de la Ley de la Dependencia que optan por este servicio en su programa individual de atención (PIA), y las que han venido disfrutando de este servicio en virtud de los convenios que han firmado anualmente el IMSERSO y la Federación de Municipios y Provincias.

Es el primero de estos casos el que compete a la Administración autonómica, por lo que, en virtud de uno de los convenios firmados hoy, la Consejería de Salud y Política Social aporta una subvención de 62.700 euros a la Diputación para financiar el servicio de teleasistencia a un mínimo de 275 personas dependientes.

En el segundo de los casos, “por primera vez” el Gobierno de Extremadura realiza un esfuerzo “extraordinario” para que cerca de tres mil usuarios de poblaciones de menos de 20.000 habitantes de la provincia de Cáceres sigan disfrutando de este servicio.

PRIORIDAD EN EL GASTO SOCIAL

En este sentido, el consejero ha detallado que la teleasistencia domiciliaria se ha prestado en estos municipios entre los años 2001 y 2012 al amparo de los convenios firmados entre el IMSERSO, la FEMP y las diputaciones provinciales para poner este servicio a disposición de personas que por su avanzada edad, discapacidad o aislamiento social necesiten asistencia para poder continuar viviendo en su propio domicilio, favoreciendo así la promoción de la autonomía.

Ante la decisión del IMSERSO de no dotar presupuestariamente este servicio durante este año, desde la Consejería y la Diputación, “sensibles” con el papel que la teleasistencia desempeña entre los mayores y en los núcleos rurales, se decidió suplir esta falta de fondos procedentes del Estado, ha añadido Hernández Carrón.

Ello se garantiza con el segundo de los convenios firmado hoy, en virtud del cual la Consejería de Salud y Política Social concede 200.000 euros a la Diputación para el mantenimiento de este servicio que, sumados a los 380.000 que aporta esta institución -180.000 más que en el ejercicio anterior-, permiten que 2.929 vecinos de la provincia sigan disfrutando de esta prestación.

 “Aquí se demuestra una vez que en Extremadura, a pesar de la crisis económica, a pesar de las penurias presupuestarias, priorizamos el gasto social en aquellos que más lo necesitan”, ha resaltado Hernández Carrón, quien ha recordado que con este convenio se cumple además uno de los acuerdos adoptados en el Consejo de Gobierno Extraordinario del pasado abril.

En este mismo sentido se ha pronunciado Laureano León al subrayar que “se garantiza el servicio y se mantienen los usuarios gracias al esfuerzo del Gobierno de Extremadura, que por primera vez aporta a este fin, y al esfuerzo añadido que realiza la Diputación Provincial con respecto a antiguos convenios”.

MEDICAMENTOS DE DISPENSACIÓN EN HOSPITALES

Por otra parte, al ser preguntado por las condiciones de financiación de 42medicamentos de dispensación hospitalaria que entran en vigor el próximo 1 de octubre, el consejero ha aclarado que “no es un copago a los medicamentos que se dispensan a los pacientes hospitalizados, ni tampoco un copago para todos los medicamentos que se dispensan en el servicio de farmacia ambulatoria”.

Según ha explicado, afecta a los medicamentos que a raíz del RD 9/2011 salieron de las oficinas de farmacia para dispensarse en las farmacias hospitalarias.

El objetivo de esta medida, que el Gobierno de Rodríguez Zapatero adoptó como “medida de ahorro”, era que estos fármacos, que en las farmacias estaban sujetos al previo de venta al público (PVP), pasasen a dispensarse en las farmacias de los hospitales para quedar sujetos al PVL (precio de venta de laboratorio), inferior al anterior.

“En el momento en que entra en vigor la nueva prestación farmacéutica con las nuevas aportaciones de los usuarios, estos medicamentos también tendrían que estar sometidos a este copago y eso se hace en este momento”, con la salvedad de que se encuadran dentro de los medicamentos de aportación reducida.

De este modo, ha precisado el consejero, sus usuarios sólo pagarán el 10 por ciento de su precio con un tope máximo de 4,2 euros por envase.