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La ex alcaldesa de Plasencia, Elia María Blanco, y el concejal socialista en el ayuntamiento, Francisco Barbancho, han mostrado su satisfacción por la decisión de la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Plasencia de archivar la causa abierta por un delito de insolvencia punible.

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La magistrada hace constar el archivo de las actuaciones respecto de Elia María Blanco, Francisco Barbancho, y los ex concejales Enrique Tornero, Blas Raimundo y Pablo Sánchez del Mazo, al no constituir delito alguno los hechos que se les imputaban y no demostrarse la perpetración del delito objeto de las diligencias previas que se le imputaban.

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Blanco y Barbancho han realizado una valoración de la sentencia antes de participar en el pleno ordinario del mes de julio celebrado hoy en el ayuntamiento. Blanco ha expresado su deseo en que todo se pueda resolver cuanto antes, también la causa abierta para su persona por un delito de prevaricación, ya que esta situación “nos trae a maltraer a nosotros, a nuestra familias y a nuestros compañeros y también a la ciudad”. La ex alcaldesa ha manifestado que el resultado del juzgado ha sido “según lo previsto ya que cuando no la haces no la temes”, y ha puntualizado también que “los infundios son así y tenemos que aprender a convivir con ello y aunque la justicia sea lenta, es justa”.

Barbancho por su parte ha afirmado que aunque la investigación exhaustiva ya se hizo en su momento ahora se ha demostrado que aunque se mire “con lupa o con microscopio electrónico nadie se ha llevado ni un solo euro”. Ha expresado su fe e ilusión en que el resto de causas que están abiertas tengan el “mismo fin”.

Cabe recordar que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Plasencia había abierto diligencias previas por un delito de alzamiento de bienes deducido de la causa principal que abrió el Juzgado número 4 de Plasencia por un delito de prevaricación y en la que están imputados seis representantes políticos y un constructor local.

El pasado mes de enero los cinco imputados prestaron declaración y sus abogados pidieron el archivo de la causa, al igual que la Fiscalía al no quedar debidamente acreditados los hechos como constitutivos de delito.

La apertura de diligencias se produjo a raíz del estudio patrimonial de los investigados que realizó la Unidad de Delincuencia Especializada de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Comisaría Provincial de Cáceres. Según la  investigación, cinco de los imputados podrían haber realizado actividades presuntamente irregulares para reducir sus bienes al objeto de evitar los embargos decretados para hacer frente a las posibles futuras indemnizaciones, en el caso de que fueran declarados culpables de prevaricación.

La Fiscalía consideró que los movimientos patrimoniales no acreditaban que su finalidad fuera otra que atender las necesidades “propias del desarrollo de su vida diaria o el cumplimiento de deberes de apoyo familiar".

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