La comisión ejecutiva Provincial del PSOE de Cáceres ha valorado la reforma de la Administración Local que el Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes y considera que se abre una puerta peligrosa “a la privatización y al desmantelamiento de los servicios públicos y su aprobación supondrá un retroceso democrático sin precedentes en nuestros país”. El secretario de Política Municipal y Desarrollo Rural, Carlos Javier Labrador, ha añadido que los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, que son todos en la provincia excepto Cáceres y Plasencia, “serán los más perjudicados”.
Labrador ha explicado el contenido del artículo 26.2 donde los municipios de menos de 20.000 habitantes, será la Diputación de Cáceres la que coordine la prestación de servicios y se decidirá si es ésta quien haga la prestación directamente o será mediante la implantación de fórmulas compartidas con coste a los ayuntamientos. “Esto no es más que una privatización de los servicios públicos con lo que el PSOE está en completo desacuerdo”.
El Secretario Provincial de Política Municipal ha añadido que sí comparten la necesidad de regular la homologación de los salarios de los cargos públicos, la imposición de topes salariales y del número de cargos públicos y personal de confianza con dedicación pero, de ninguna forma, están de acuerdo con que cargos públicos de municipios de menos de 1.500 habitantes no puedan tener dedicación porque “hay muchos alcaldes y alcaldesas que dedican las 24 horas del día a la atención de sus ciudadanos”, concluye Labrador.
Labrador ha estado acompañado con el secretario de Comunicación Ernesto Agudiez quien ha adelantado que se está planteando en pedir a los ayuntamientos gobernados por el PSOE la salida tanto de la FEMPEX como de la FEMP ya que “no podemos permitir que se pretenda culpabilizar del despilfarro del país a la administración local cuya deuda representa solo el 4% de la deuda de todas las administraciones del Estado”.
Agudiez considera que la reforma abrirá la brecha de las desigualdades territoriales y destruirá un número elevado de empleos públicos que en la provincia de Cáceres puede rondar la cifra de los 2.500 puestos de trabajo.
Manifiestan considera que se arranca sin el consenso de los grupos políticos, incluso entre los propios alcaldes del PP, y el propio Consejo de Estado puso de manifiesto que el contenido del texto legislativo de la Reforma contradecía y rompía con muchos derechos de los ciudadanos. El PSOE pide que recuperen el texto e inicien el diálogo con todos los grupos políticos.
