El Grupo Parlamentario Socialista Regionalista va a presentar en la Asamblea de Extremadura una Propuesta de Impulso para obligar a la Junta de Extremadura a prestar un servicio de asesoramiento jurídico que de cobertura a todos los afectados por la renuncia de la empresa Shayver a la construcción de las viviendas protegidas en zona de la Data, en la ciudad de Plasencia, y en la parcela R7-B de la urbanización del Junquillo, en la ciudad de Cáceres.
Con este servicio los afectados podrán presentar las oportunas reclamaciones ante los Tribunales ordinarios en aras a recuperar las cantidades entregadas a cuenta y que oscilan entre 500 euros que adelantaron en concepto de reserva los adjudicatarios de Cáceres, y los 3.000 euros y 7.000 euros que adelantaron por el mismo concepto los de Plasencia.
Los socialistas consideran que si el servicio sólo se presta desde el consistorio cacereño, se corre el riesgo de provocar agravios comparativos entre los afectados, como está ocurriendo en Plasencia, donde las familias tienen que costearse su propia defensa. Manifiestan además que la coordinación con las Administraciones Locales que quieran ayudar es imprescindible, pero siempre bajo el "paraguas" de la Administración Autonómica, ya que fue en ese "paraguas" en el que en su momento confiaron las familias afectadas.
Con la aprobación de la iniciativa, con la que el PSOE lleva al parlamento las preocupaciones de la ciudadanía, se conseguiría una asistencia jurídica que negó la Junta a los afectados de Plasencia en el mes de noviembre y "que ha supuesto un desamparo ante un abuso que afecta a más de 80 familias en Plasencia y más de 180 en Cáceres".
