El Consejo de Gobierno ha acordado poner en marcha el programa de becas Erasmus para jóvenes emprendedores, una de las medidas anunciadas tras el Consejo de Gobierno Extraordinario, tal y como ha informado la vicepresidenta y portavoz, Cristina Teniente.

Se trata, señaló la portavoz, de una medida que responde a varios de los objetivos estratégicos del Gobierno regional: "el apoyo a los jóvenes, el emprendimiento, el apoyo a la pequeña y mediana empresa, la apuesta por la internacionalización y por la competitividad de nuestro tejido empresarial", explicó.

El plazo de inscripción de este programa europeo ya está abierto, apuntó la vicepresidenta, quien avanzó que contará con un presupuesto de casi 200.000 euros, de los que 96.000 serán gestionados por la Dirección General de Empresa y Actividad Emprendedora, que actuará como una oficina de intermediación en los proyectos.

El programa permitirá que se lleven a cabo un total de 36 relaciones de intercambios trasnacionales dirigidos a dos grupos destinatarios. En primer lugar, podrán acceder jóvenes con planes firmes de emprender un negocio o que lo hayan hecho en los tres últimos años, quienes podrán trabajar de uno a tres meses (más adelante será de entre 1 y 6 meses) con un empresario experimentado en otro país de la Unión Europea. En total, serán 18 becas para este grupo.

El segundo grupo, explicó Cristina Teniente, serán los empresarios experimentados que sean propietarios, dirijan o sean socios de una Pyme con una antigüedad mínima de tres años y que se encuentren en situación de acoger a un emprendedor por un período de entre 1 y 3 meses. En este caso también serán 18 los expedientes seleccionados.

Los interesados, apuntó la vicepresidenta, podrán dirigirse a sesiones informativas que van a tener lugar los días 18 y 25 de abril en los puntos de activación empresarial (PAE) en Mérida y Cáceres, respectivamente.

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD

En la misma comparecencia, el consejero de Economía y Hacienda, Antonio Fernández, manifestó que el Gobierno de Extremadura presentará un recurso de inconstitucionalidad frente al Artículo 38, disposición adicional decimoquinta, del Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, de Medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, por entender inconstitucional la repercusión sobre los consumidores extremeños del impuesto ecológico que en su día se impuso a las eléctricas.

Además, se considera que esta norma puede suponer una afectación a la hacienda autonómica, "con una merma aproximada de 93 millones de euros al año".

Según Antonio Fernández, se ha tomado esta decisión tras resultar imposible llegar a un acuerdo bilateral en la comisión mixta creada en el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, pese a las múltiples negociaciones en las que no se han tenido en consideración los argumentos presentados por el Ejecutivo regional.

Ante esta circunstancia, y tras consultar al Consejo Consultivo, que lo ha estimado "pertinente", Fernández señaló que se ha dado orden a los servicios jurídicos de interponer el recurso con el objetivo de "salvaguardar las competencias asumidas en el Estatuto de Autonomía de Extremadura y en defensa de los intereses económicos de nuestra región"

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

Por otra parte, el titular de Economía y Hacienda ha explicado la postura del Consejo de Gobierno de Extremadura "en contra del actual modelo de Financiación Autonómica, que creemos que nos perjudica", pero pese a ello "vemos imprudente que en tiempos de dificultad se cambie el actual modelo y por eso pedimos que se prorrogue el actual".

Ha dicho que siendo Extremadura la Comunidad con menos déficit y con la deuda más controlada, "está dispuesta a sacrificarse una vez más por España, porque un cambio de modelo puede generar muchas desigualdades entre comunidades en un momento en que se necesita más que nunca la igualdad", a la vez que ha defendido el principio de solidaridad.

A juicio de Fernández, "hoy todos tenemos que realizar sacrificios para conseguir la recuperación económica", por ello, "la prudencia y la responsabilidad como Comunidad y como país nos obliga a mantener las bases".

De igual forma, ha vuelto a insistir en que, si bien "no pide que se castigue a quién no cumple" sí debe "premiarse a quien ha cumplido con sus obligaciones por ser un ejemplo de buena gestión y de compromiso".

SUBVENCIONES PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO

La vicepresidenta y portavoz del Ejecutivo anunció también que ha sido autorizada la convocatoria de subvenciones destinadas al fomento de la movilidad mediante el transporte público regular, permanente y de uso general de viajeros por carretera en el año 2013, por una cuantía de 792.905 euros.

Como novedad, señaló la vicepresidenta, se extiende el beneficio de la ayuda al colectivo de personas jóvenes que se encuentren en posesión del Carné Joven Europeo, así como al colectivo de personas víctimas de violencia de género o de violencia doméstica, grupos que podrán acceder ventajosamente al transporte colectivo, como modo idóneo de desplazamiento y comunicación, cuya utilización reportará beneficios de carácter personal y social.

Otro de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno es la modificación de la relación de puestos de trabajo de la Consejería de Administración Pública, ll que también conlleva la modificación de la RPT de personal eventual del Gobierno de Extremadura.

Concretamente, explicó Cristina Teniente, se amortizan los puestos de director de la Escuela de Administración Pública de Extremadura; director de la Academia de Seguridad Pública de Extremadura; y de director del Centro de Atención de Urgencias y Emergencias de Extremadura 112, que podrán ser ocupados a partir de ahora por funcionarios mediante el procedimiento de libre designación.

Por último, el Consejo de Gobierno ha autorizado la celebración de convenios con 34 ayuntamientos de la Comunidad Autónoma para el mantenimiento de 715 plazas para personas mayores en situación de dependencia en centros residenciales, centros de día y centros de noche. El presupuesto global de todos estos convenios se eleva a 7.204.700 euros.