Un total de 19.394 personas son beneficiarias de la Ley de Dependencia en Extremadura a fecha 1 de febrero de 2013, 769 más que un año antes, lo que refleja el compromiso del Gobierno de Extremadura con la atención a las personas en situación de dependencia, ha afirmado hoy el secretario general del Servicio Extremeño de Salud (SES)

Cesar Santos,  ha ofrecido estos datos en la Comisión de Salud y Política Social del Parlamento regional, donde ha respondido a una pregunta del Grupo Socialista sobre cómo valora el Ejecutivo autonómico la repercusión del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, en la atención a las personas en situación de dependencia.

La evaluación es "positiva" dado que esta norma "va encaminada a hacer sostenible el sistema de la dependencia", ha señalado el secretario general del SES, quien ha destacado también el esfuerzo que está realizado el Gobierno extremeño para garantizar la "calidad" en la atención a las personas dependientes en una etapa de restricciones presupuestarias.

Según ha precisado, las 19.394 personas beneficiarias de la Ley, a fecha 1 de febrero, están recibiendo un total de 20.704 prestaciones, lo que representa un incremento de más de mil con respecto a febrero de 2013.

En concreto, 703 personas están recibiendo una prestación para prevención de la dependencia y promoción de la autonomía personal, 304 más que hace un año; 367 se benefician de la teleasistencia, 68 más que hace doce meses; 559 del servicio de ayuda a domicilio, igual que el 1 de febrero de 2012; 939 acuden a centros de día o de noche, lo que supone un incremento de 242; y 3.736 reciben atención residencial, 510 más que hace un año.

Asimismo, 5.748 personas reciben una prestación económica vinculada a servicio, 127 más que hace un año; y 8.652 una prestación económica por cuidados familiares, 124 menos. No obstante, sobre este último apartado, el SEPAD aclara que este descenso beneficia a Extremadura porque el nuevo sistema que aplicará el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en el reparto de los fondos entre las comunidades autónomas discriminará positivamente a aquéllas que den prioridad a la atención a las personas dependientes mediante servicios profesionales en lugar de ayudas a los cuidadores familiares.

Ello entronca con el trabajo del Gobierno central y el regional por fortalecer las prestaciones vinculadas a los servicios profesionales y residenciales, frente a las prestaciones económicas por cuidados en el entorno, que acabaron convirtiéndose en norma pese que estaban contempladas como una excepción en la Ley de Dependencia.

No obstante, en el caso de estas prestaciones, ha destacado que Extremadura sólo va a realizar el recorte mínimo exigido por el Gobierno del 15 por ciento, no haciendo por tanto uso de la posibilidad que ofrece el Real Decreto Ley de aumentar este porcentaje.

NIVEL DE PROTECCIÓN ADICIONAL

Respecto al régimen de incompatibilidades, César Santos ha explicado que, pese a que la reforma de la Ley de la Dependencia ha introducido importantes modificaciones, incompatibilizando servicios y prestaciones, en Extremadura el régimen de incompatibilidades permanece en las mismas condiciones que antes de esta modificación legal, ofreciéndose por tanto un nivel de protección adicional.

Asimismo, ha indicado el secretario general del SES, Extremadura no va a realizar por el momento una revisión de la capacidad económica de quienes ya están cobrando alguna prestación, ni va a tener en cuenta el periodo suspensivo de retroactividad máximo de dos años en los expedientes de niños de 0 a 3 años, garantizando por tanto la atención a estos menores.

AUMENTO PRESUPUESTARIO DE 20 MILLONES

Por otra parte, el secretario general del SES ha precisado que la aportación de la Comunidad Autónoma a la atención a la dependencia ha aumentado este año en 20 millones de euros, un 8,8 por ciento, con el fin de paliar la merma de fondos procedentes del Estado, con lo que el Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia cuenta en este 2013 con un presupuesto de 276,78 millones de euros.

Este sobresfuerzo presupuestario se realiza también en el caso de la atención a las personas con discapacidad. De hecho, el Plan de Acción Integral para Personas con Discapacidad está dotado este año con 17,5 millones de euros, 2,3 millones de euros más que en 2012.