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La Asociación de Usuarios de Cajas, Bancos y Seguros de Extremadura (ADICAE) ha detectado un aumento en las últimas fechas de ciudadanos que se quejan por una situación de abusos relacionada con la entrega de viviendas del Plan Especial 60.000.

En concreto, la mayoría de las personas que se han acercado hasta estas oficinas son adjudicatarios de diversas promociones públicas situadas en llamado PIR "El Junquillo" y que pertenece al denominado Plan Especial 60.000, es decir,  viviendas con un precio máximo fijado de 60.000 euros.

La construcción de estas viviendas fue financiada por diversas entidades, mayoritariamente las Cajas de Ahorro extremeñas, que una vez finalizadas y listas para ser entregadas ofrece a los adjudicatarios la posibilidad de subrogarse, es decir, sustituir a la promotora como titulares de los correspondientes préstamos hipotecarios; lo que en principio conlleva un importante ahorro a estas personas, unido a la "ventaja" que podría suponer el hecho de que estos préstamos están regulados en un Convenio de Colaboración entre las Entidades Financieras y la Junta de Extremadura firmado en el año 2006 y con condiciones especialmente favorables a los adjudicatarios de estas viviendas.

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La situación actual es que las distintas entidades están aprovechando esta circunstancia para imponer, de forma totalmente abusiva, la contratación de diversos productos bancarios bajo la 'amenaza' de que si el adjudicatario de la vivienda no procede a su contratación "voluntaria" la entidad le denegará la concesión del préstamo hipotecario.

Además, ADICAE ha detectado otro tipo de prácticas abusivas respecto a este tipo de préstamos vinculados a las viviendas del Plan Especial de Extremadura, como es la imposición de cláusulas suelo por diversas entidades. Estas cláusulas han sido reiteradamente consideradas como abusivas por los tribunales, en concreto ADICAE ha logrado recientemente que sean anuladas a algunos de sus socios en vía judicial.

Todas estas prácticas abusivas han sido denunciadas por ADICAE ante el Instituto de Consumo de Extremadura y ante la Consejería de Fomento para que requieran de inmediato el cese de las mismas.


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