El Gobierno de Extremadura y la Administración del Estado firmarán un convenio de colaboración para la aplicación de un Plan Integral de Empleo en la región, durante este año 2012, que estará dotado con 8 millones de euros.
Según informó la vicepresidenta y portavoz del Ejecutivo, Cristina Teniente, al término de la reunión del Consejo de Gobierno, este convenio "pondrá el acento" no sólo en fomentar la contratación de desempleados y las acciones de formación, sino en "el impulso de la actividad empresarial y el autoempleo".
Este acuerdo será desarrollado en colaboración por los servicios públicos de empleo de ambas administraciones, que aportarán cuatro millones de euros cada uno durante este ejercicio 2012, si bien el objetivo, según indicó la vicepresidenta, es que la colaboración en esta materia continúe durante el año 2013, para lo que ya hay consignación en los presupuestos generales del Estado.
"El objetivo es -dijo Cristina Teniente- contribuir a la creación de empleo en Extremadura de acuerdo con una serie de parámetros, como que sea un empleo diversificado que aproveche las cualificaciones de los trabajadores y que sea un empleo creado por emprendedores extremeños, con mentalidad, con capacidad técnica y con recursos para poder competir en el ámbito nacional e internacional".
REORDENACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES
También entre los acuerdos destacados figura la aprobación de un decreto ley por el que se regula la aplicación e implementación en la administración regional de las medidas contenidas en el Real Decreto ley de "Medidas de reordenación y racionalización de las Administraciones Públicas" publicado en el BOE el pasado 13 de julio.
Según explicó la vicepresidenta, en el Real Decreto se contemplaban dos tipos de medidas, unas que sólo necesitaban un pronunciamiento del Consejo de Gobierno para su aplicación y otras que incluían un margen para elegir entre varias opciones, como en el caso de los complementos a percibir por el trabajador en caso de incapacidad temporal.
En este sentido, se ha realizado un importante esfuerzo, señaló la portavoz del Ejecutivo, para que la aplicación del decreto estatal "incida lo menos posible en los derechos y expectativas de los empleados público".
