La Unión de Consumidores de Extremadura ha emitido un comunicado en el que celebra las últimas decisiones políticas efectuadas en defensa de los intereses de los consumidores. Desde la organización señalan que en numerosas ocasiones han criticado la pasividad de los poderes públicos ante los abusos que tan habitualmente padecen los ciudadanos en su faceta de consumidores. Igualmente, afirman desde UCE, cuando estos mismos poderes públicos asumen sus responsabilidades en la defensa de los intereses de sus ciudadanos, "debemos aplaudir sus decisiones".
En la nota de prensa, la UCE manifiesta que Extremadura es una de las Comunidades Autónomas en las que se aplica un impuesto sobre la producción y transporte de energía eléctrica, que hasta ahora pagaban las compañías. Pero en una de las reformas económicas aprobadas por el Gobierno Central, en julio de este año, se determinó que este impuesto debe "ser abonado por los consumidores ubicados en el ámbito territorial de la respectiva Comunidad Autónoma". Esto supondría un nuevo recargo en el recibo de la luz que añadir a la regularización de tarifas impuesta por el Tribunal Supremo que estaremos pagando hasta el próximo mes de diciembre y a las revisiones de tarifa, casi siempre al alza, que se producen cada tres meses.
Por eso, "aplaudimos la decisión adoptada por mayoría en la Asamblea de Extremadura de recurrir ante el Tribunal Constitucional esta reforma normativa".
Canon de suministro
Otra de las medida económicas adoptadas, en este caso por el Gobierno Autonómico, fue la aprobación de un "canon de saneamiento", que grava la utilización del agua, con objeto de financiar infraestructuras hidráulicas. Pero muchos ayuntamientos extremeños ya estaban cobrando un canon similar, por lo que podría estarse produciendo una doble imposición, es decir, cobrar dos impuestos por el mismo hecho imponible, práctica prohibida en nuestro ordenamiento.
Los principales municipios de la región, con Badajoz a la cabeza, han presentado alegaciones, e incluso el ayuntamiento pacense está preparando un informe para calibrar las posibilidades de llevar este canon a los tribunales. También la FEMPEX se ha pronunciado a favor de valorar la aplicación de este canon según las circunstancias concretas de cada municipio, pues muchos ya están cobrando impuestos similares. No obstante, la norma que lo regula no prevé exclusiones: lo pagan todos los ciudadanos, independientemente de que su recibo de agua ya lo incluya o no.
En el contexto actual, desde UCE afirman que los ciudadanos necesitan más que nunca que aquellos en quienes han depositado su confianza para gobernarnos, velen por la defensa de sus legítimos intereses. Y parece, al menos en estos dos casos, que el rumbo que durante tantos años parecía haberse perdido, se está retomando.
No obstante, en otras ocasiones, desde la Unión de Consumidores han asistido a la decepción de quienes, esperanzados por las promesas realizadas por nuestros políticos, se han encontrado con que detrás de ellas no había más que la búsqueda de un voto. Por eso, UCE exige a los poderes públicos y a los políticos que los representan, que lleven adelante las decisiones anunciadas en los medios de comunicación, asumiendo las responsabilidades que la confianza que los ciudadanos han depositado en ellos lleva aparejadas.
