La Coordinadora Extremeña de Ong de Desarrollo ha reiterado su rechazo a la restricción de acceso a la atención sanitaria de las personas inmigrantes por ser "injusta, ineficaz e insolidaria".
La coordinadora ha rechazado así los comentarios realizados por el presidente de la Junta de Extremadura, José Antonio Monago, en los que se relaciona a la población, en situación administrativa irregular, migrante residente en Extremadura y a la sanidad en términos puramente mercantiles, afirmando que se aplicara el mandato del Ministerio de Sanidad, que a nuestro entender es una medida injustificada, ineficaz e insolidaria.
Para este colectivo, la modificación de la Ley de Extranjería, que supuestamente pretende evitar que los familiares de personas inmigrantes vengan a España para recibir atención sanitaria, perjudicará principalmente a las personas extranjeras más vulnerables, muchas de las cuales se encuentran en situación de irregularidad sobrevenida por desempleo tras muchos años trabajando y cotizando en España.
Consideran que exigir acreditar, además del empadronamiento, un trabajo y la residencia fiscal, supone aumentar la desprotección de las personas más perjudicadas por la crisis económica neoliberal y el desempleo. El Estado financia a las Autonomías en relación al número de ciudadanos empadronados, por lo que las personas migrantes contribuirán con sus empadronamientos al aumento de estos fondos sin poder dar uso de la sanidad pública.
Por otro lado destacan también el caso de las personas que han trabajado en situación irregular y que han contribuido a la financiación del sistema mediante los impuestos indirectos, impuestos éstos, que dada la fiscalidad cada vez más regresiva, en buena parte son los que financia el sistema.
Las 48 organizaciones que la coordinadora regional representa quieren recordar al Gobierno que las estadísticas sobre el uso de los servicios públicos por parte de la población inmigrante son menores al realizado por los nacionales españoles, especialmente en el ámbito de la salud. Realizar afirmaciones sobre un supuesto abuso de los servicios sanitarios contribuye, irresponsablemente, a generalizar una imagen negativa de la inmigración y promover actitudes xenófobas y discriminatorias.
