El presidente del Gobierno de Extremadura, José Antonio Monago, y la secretaria de Estado de Empleo, Engracia Hidalgo, han firmado el Convenio de Lucha contrala Economía Irregulary el Empleo Sumergido entre Extremadura y el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, que tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2013. Este convenio, propuesto por el Ejecutivo regional dentro del Plan de Empleo, Empresa y Emprendedores (Plan 3E), es pionero a nivel nacional y supone la protección de los trabajadores y sus derechos.

"Tanto el Gobierno de Mariano Rajoy como el extremeño estamos dispuestos a luchar contra quienes ponen palos en las ruedas al carro de la salida de la crisis", ha destacado Monago quien ha aclarado que quien no cumple con la ley causa un grave daño tanto a trabajadores como a las empresas extremeñas que sí actúan en el marco de la legalidad". "El Gobierno de Extremadura está, sin ninguna duda, al lado de los trabajadores", ha sentenciado.

El presidente Monago ha recalcado que es responsabilidad de todos los ciudadanos "velar porque el trabajo no declarado no perjudique a aquellos que sí piensan en su responsabilidad y están viendo mermadas sus posibilidades de crecer" y ha añadido que "si queremos salir de la situación son inaplazables medidas que protejan a los trabajadores que sí hacen los deberes".

De este modo el Gobierno de Extremadura apuesta por el "control y la disuasión" para acabar con el fraude laboral porque "cruzar la línea de ‘con o IVA o sin IVA', supone menos dinero para sanidad, dependencia y educación y, por el beneficio de dos personas, se perjudica a 1.100.000 habitantes"."El fraude perjudica al conjunto de la sociedad y no pueden permitirse ni un día mas actividades fraudulentas", ha concluido.

Extremadura primera comunidad autónoma que firma el convenio

Por su parte la secretaria de Estado de Empleo, tras agradecer que Extremadura sea la primera comunidad autónoma que firma este convenio, ha señalado que el principal objetivo del Plan de Lucha contra el Empleo Irregular, la Economía Sumergida y el Fraude a la Seguridad Social, es perseguir los comportamientos que atentan contra los derechos de los trabajadores e intensificar las actuaciones contra las conductas insolidarias e injustas.

Dicho plan pretende impulsar el afloramiento de la economía sumegida, combatir los supuestos de aplicación y obtención indebida de bonificaciones o reducción de cotizaciones empresariales a la Seguridad Social y corregir la obtención y el disfrute en fraude de ley de las  prestaciones por desempleo.

Engracia Hidalgo destacó la importancia de la colaboración entre las dos instituciones, de trabajar de forma conjunta. En este sentido resaltó tres grandes líneas de actuación del convenio; por una parte la creación de un grupo especializado en la lucha contra el empleo irregular, por otra la de reforzar el control desarrollado por el Servicio Extremeño de Empleo (SEXPE), y el tercer objetivo la elaboración de un plan de actuación inspectora en la región, con la determinación de dónde están las mayores bolsas de irregularidades con inspecciones masivas y diversas actuaciones.

En este empeño destacó la colaboración de los técnicos de ambas administraciones. Hasta ahora, añadió, de las 3.176 inspecciones realizadas por los técnicos del ministerio en la región, en 861 de dichas inspecciones se han detectado irregularidades.

Por último, Engracia Hidalgo consideró que se trata de un paso más para garantizar un sistema de protección social, "que hace posible el pago de las pensiones, la asistencia sanitaria, las becas o las prestaciones por desempleo. No podemos permitir que algunos ciudadanos irresponsables o empresas irresponsables defrauden, no ya a la administración, sino a toda la sociedad en un momento especialmente difícil para todos", indicó.

CONTENIDO DEL CONVENIO

En primer lugar, se creará en Extremadura una unidad especializada en investigación, en examen de las bases de datos con las que contamos y en la planificación de medidas concretas de lucha contra el fraude. Estará formada por funcionarios del Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, adscritos a las inspecciones provinciales de Cáceres y Badajoz, y por autoridades y altos funcionarios del Gobierno de Extremadura, que representarán ala Dirección Generalde Trabajo y el SEXPE, pudiéndose añadir temporalmente miembros de otras direcciones generales.

En segundo lugar, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social colaborará y participará en las actuaciones de control que lleve a cabo el SEXPE. Y en tercer y último lugar, se elaborará un Plan integrado de inspección, en los sectores de actividad que se vayan determinando. Se combinarán las visitas intensivas con controles más extensivos y se reforzarán las Inspecciones provinciales de Badajoz y Cáceres con funcionarios de otras inspecciones.

El SEXPE destinará una cantidad anual máxima de 100.000 euros y abonará los gastos de manutención y desplazamiento de aquellos inspectores de fuera de Extremadura que acudan a nuestra región para realizar estas actuaciones.

Se llevará a cabo el seguimiento de este convenio por parte de una comisión mixta formada por dos representantes dela Dirección Territorialde Trabajo y Seguridad Social, un representante dela Dirección Generalde Trabajo del Gobierno de Extremadura y un representante del SEXPE. Esta comisión se reunirá trimestralmente y elaborará un informe anual de los resultados.