El Consejo de Gobierno ha decidido, en su reunión de hoy y a propuesta del consejero de Administración Pública, enviar al Ministerio Fiscal la auditoria correspondiente al año 2010 realizada al Grupo de Empresas Públicas (GPEX), "por considerar que hay indicios de responsabilidad penal por el uso y casi abuso del dinero público en esta empresa que no es de unos pocos, no es de ningún gobierno, sino de todos los extremeños", según ha indicado el presidente del Ejecutivo regional José Antonio Monago en comparecencia de prensa.
Monago ha manifestado que la presentación del informe a la Fiscalía se hace "por responsabilidad con Extremadura y con los extremeños y por respeto al dinero público". Ha añadido que la vulneración de principios como el de transparencia, concurrencia pública, e información a la que se debe una empresa cuya titularidad es 100% pública y donde deben, por encima de todo, regir los principios de austeridad, transparencia y eficacia, "no puede esconderse ni ante la justicia, ni ante los ciudadanos".
