El colectivo conservacionista Adenex ha manifestado que presentará un recurso de casación ante el Tribunal Supremo "ante la decisión del alto tribunal extremeño, que fija en 41 millones de euros el precio para que se cumpla la sentencia que dictó en 2011 de paralizar la actividad de la urbanización de Valdecañas en un espacio protegido".

Adenex señala en nota de prensa qu laa Sala de lo Contencioso-Administrativon "tras reconocer que ni la Junta de Extremadura, ni la Diputación de Cáceres, ni Marina Isla de Valdecañas S.A. han acreditado el perjuicio real y concreto de la ejecución provisional de la sentencia, fija en 41.000.000 € la cuantía de posibles daños, pues estos le resultan evidentes, pero sin explicar de dónde sale esa cifra o la evidencia de los daños. Se afirma que dicha cifra se extrae del informe aportado por Marina Isla Valdecañas, sin más detalle, en clara contradicción incluso con lo que respecto a dicho informe razona el propio auto".

La asociación conservacionista señala en nota de prensa que en tal informe – aportado por Marina Isla Valdecañas en el momento de la vista que tuvo lugar para fijar las bases de la cuantía o llegar a un acuerdo – se piden 146.344.719 € correspondiente a la inversión llevada a cabo más 29.051.231€ de lucro cesante, cantidades que el auto rechaza pues "en la forma que se ha acordado la ejecución, tales instalaciones no comportan su desaparición en tanto no exista sentencia firme…, y, como se alega por la propia Marina Isla Valdecañas, el perjuicio ya se ha ocasionado con la propia impugnación del proyecto y no puede ser achacado a la ejecución provisional de la sentencia. Y en cuanto al perjuicio por la no ejecución del resto del proyecto, dice el auto, que no solo no se ha acreditado su perjuicio o que con ello se aleje a "eventuales compradores" o sea previsible que así suceda "porque de casarse la sentencia, resulta indudable que comportaría un incentivo para el propio proyecto"…y "porque en otro caso, la ejecución precisamente vendría a minimizar esos perjuicios"…. Tras lo cual concluye que "teniendo en cuenta las consideraciones anteriores y la circunstancias que en el presente supuesto concurren, en especial las cantidades a que se hace referencia en el informe mencionado, considera que debe fijar la caución en 41.000.000 de euros

Adenex opina que el   auto tampoco es claro "pues no se profundiza en ellas al dejar la cuestión para otro momento, como es el efecto de la modificación de la ley del Suelo tras la sentencia de nulidad de este proyecto, con el fin de legalizarlo y, consecuentemente, sobre cómo afectaría ello a la ejecución".

"Y tampoco resuelve uno de los argumentos de nuestro recurso de reposición frente al auto del 20 de enero de ejecución provisional, como es el de no someter al menos la medida de inscripción de la sentencia en el Registro de la Propiedad a la previa consignación de la fianza pues esa medida la contempla ya como posibilidad la Ley del Suelo para el momento mismo en que se presenta la demanda contra un plan urbanístico y sin que ello lleve aparejada fianza".

 A este respecto, Adenex asegura que  es preciso recordar que este colectivo ya solicitó en junio del año pasado las mismas medidas cautelares de paralización de la obra e inscripción en el Registro de la Propiedad con su recurso frente al PGM de El Gordo," sin que todavía se haya pronunciado la Sala dada la lentitud de su tramitación".

ADENEX pedirá aclaraciones  sobre a qué cantidades del informe se refiere el auto para calcular el importe acordado y, posteriormente lo recurrirá en casación, aunque se resuelva a la vez que el recurso de casación de la sentencia – en el cual ya se nos ha emplazado para formalizar la oposición al recurso presentado por Marina y demás partes recurridas – por las consecuencias que puede tener sobre los otros dos procedimientos interpuestos contra el PGM de el Gordo y la Homologación del PIR y del propio PGM, además de ser una cuestión importante en general para la eficacia de todas las sentencias que el movimiento ecologista va obteniendo para la defensa ambiental.

Decisión

Como informó Radio Interior, el  Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, TSJEx, ha fijado una fianza de 41 millones de euros para la ejecución provisional del auto de enero que paralizaba las obras del complejo turístico de Marina Isla de Valdecañas. La decisión del alto tribunal extremeño aparece en un auto con fecha del miércoles, 14 de marzo, ante el cual es posible presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo en el plazo de diez días.

Cabe recordar que los colectivos ecologistas que demandaban el proyecto turístico ya habían señalado en el pasado mes de febrero que estarían dispuestas, "como mucho" a desembolsar entre 1.000 y 5.000 euros.

El pasado mes de enero el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ordenó "la inmediata paralización" de las obras de la urbanización "Marina Isla de Valdecañas" y con esta sentencia se volvía a dar la razón a los ecologistas.

De esta manera Ecologistas en Acción de Extremadura cree que con esta fianza se está "imposibilitando con ello le ejecución provisional de la sentencia que había sido estimada a Ecologistas en Acción".

Según el colectivo, es imposible que Ecologistas, entidad sin ánimo de lucro, pueda "asumir la cuantía de 41 millones de euros de caución fijada para proceder a la ejecución provisional". La organización considera que con esta decisión se está supeditando el derecho a la tutela judicial efectiva de la entidad a su capacidad económica, convirtiendo en "irrisorio y ficticio el derecho de ejecución de una sentencia estimatoria de nuestras pretensiones y por ende imposibilitando nuestro derecho constitucionalmente garantizado de la tutela judicial efectiva".

Según la asociación, esto evidencia una vez más "la grave dificultad existente en el estado español para la ejecución de sentencias en materia urbanística y medioambiental, lo que supone una clara desprotección de los valores ambientales frente a los intereses de poderosos y corruptos y el rodillo de la obra público y privada".

Ecologistas en Acción considera que esta fianza vulnera "la misma esencia del Estado de Derecho y los más elementales principios de justicia e igualdad que se nos dice, se consagran como los valores superiores de nuestro Estado social y democrático".