El consejero de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía, José Antonio Echávarri, ha defendido esta mañana la necesidad de que la superficie potencialmente elegible para las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) se adapte a la situación actual y no se traslade dicha superficie a la declarada en 2014 como recoge la propuesta inicial de Bruselas. Esto, ha dicho, aumentaría en exceso las hectáreas con derecho a prima y, dado que no está previsto un aumento de los fondos, se reduciría la competitividad de las explotaciones.

En este sentido, Extremadura defiende, según ha señalado el consejero, que se utilicen los datos de 2011, de forma que para acceder a los derechos de pago base se tendría en cuenta que se trate de productores que el año pasado recibieron pago único. Así lo ha explicado durante el Consejo Consultivo de Política Agraria para Asuntos Comunitarios celebrado en el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

De forma previa al debate, ha insistido en que lo más importante es que se mantenga el actual volumen de ayudas que recibe España, y también el volumen de primas de Extremadura. Otras de las reclamaciones extremeñas sobre la PAC son que se contemple de forma efectiva la diversidad de producciones que tiene la comunidad autónoma y que se flexibilice la posibilidad de transferir fondos entre los distintos pilares de la PAC.

Asimismo, el consejero se ha mostrado partidario de avanzar en una auténtica simplificación de los procedimientos de la Política Agraria Común, que, a su juicio, debería ser más efectiva que la prevista en la propuesta actual.

 Medidas contra efectos de la sequía

Por otra parte, el consejero ha trasladado al ministro, Miguel Arias Cañete, el documento suscrito de forma unánime la semana pasada por las organizaciones agrarias y las cooperativas de Extremadura en el que se reclaman las primeras medidas para paliar los efectos de la sequía.

Entre otras cosas, en ese escrito se solicita el aplazamiento en la amortización de capital de los préstamos de ganaderos, una reducción en los módulos del IRPF y la posibilidad de establecer unos criterios más objetivos para la declaración de los diferentes niveles de sequía de cara al abono de seguros agrarios.