El Parlamento extremeño instará al Gobierno a mantener relaciones diplomáticas "normalizadas" con el Frente Polisario como representante legítimo del pueblo de la República Árabe Saharaui y Democrática,  al resultar aprobada, con la abstención del PSOE , la propuesta de pronunciamiento llevada hoy a la cámara por el grupo parlamentario Izquierda Unida-Verdes-SIEX.

La propuesta ha sido defendida por el diputado de la coalición Víctor Casco, quien ha argumentado que lo que pide IU-V-S "es algo tan básico" como hacer cumplir "la legalidad internacional" respecto a la representación del pueblo saharaui,  que según ha recordado ya reconocen 85 países, y   es una "responsabilidad ética" del "Reino de España", ha enfatizado.

Asimismo, ha indicado que este pronunciamiento pretende respaldar "la dignidad" y "la razón" de la lucha del pueblo saharaui contra la ocupación marroquí, ya que "no podemos estar al lado del verdugo" que en este caso, es el Gobierno de Marruecos, según ha recalcado.

"Desde siempre hemos defendido los derechos del pueblo saharaui" ha insistido el diputado de la coalición, al tiempo que ha recordado que el Frente Polisario es el legítimo representante de esta población, puesto que así lo decidieron por sufragio universal los saharauis. "Hubiéramos querido un apoyo unánime", pero al no ser así "al menos esto es un primer paso", ha resuelto.

Por su parte, el subdelegado del Frente Polisario en Extremadura, Allah el Mami, que ha estado presente en la sesión plenaria de este jueves junto a algunos activistas y miembros de la Fundación Sahara Derechos Humanos,  ha considerado "satisfactoria" la decisión de la cámara extremeña,  aunque hubiera preferido que la totalidad de los diputados extremeños hubieran votado a favor de la propuesta.

Asimismo, ha aplaudido que Izquierda Unida,  con esta nueva iniciativa,  vuelva a respaldar al pueblo saharaui, tras destacar que la ayuda humanitaria es muy importante, al igual que la solidaridad del pueblo español y según ha recalcado este pronunciamiento político constituye "un factor más para presionar  a Marruecos y exigir el derecho de los saharauis a vivir dignamente" en su territorio.