La Vicepresidenta y Portavoz del Ejecutivo regional, Cristina Teniente, ha anunciado que el Plan de Actuación en materia de Edificios Administrativos de la Comunidad Autónoma supondrá un ahorro estimado de seis millones de euros en toda la legislatura.

Cristina Teniente, quien compareció ante los medios de comunicación al término de la reunión semanal del Consejo de Gobierno, señaló como uno de los asuntos tratados el informe sobre la ejecución de dicho plan, cuya primera fase ya ha supuesto un ahorro de 542.049 euros en alquileres de edificios mediante la reubicación de unidades como el Instituto de la Mujer y el Instituto de Consumo.

Esa primera fase, que se ha desarrollado en los meses de noviembre y diciembre de 2011, ha sido seguida de una segunda etapa en la que se ha procedido a reubicar en el edificio de la Calle Morerías, en la capital autonómica, a distintos departamentos de la Presidencia, la Consejería de Economía y Hacienda y de la Consejería de Empleo, Empresa e Innovación, además del Instituto de Estadística.

Esta segunda fase ha supuesto un ahorro, tanto en costes de alquileres como de mantenimiento directo de edificios, que se puede cifrar en 946.578 euros, lo que, sumado al dato anterior (542.049 euros) equivale a un ahorro total de 1.488.628 euros anuales.

Con esa cifra global como base, se calcula que en toda la legislatura el ahorro total podría alcanzar la cuantía de 6 millones de euros.

Asimismo, la portavoz del Ejecutivo anunció el desarrollo de un segundo plan de actuación en edificios administrativos que implicará el traslado de dependencias de varias Consejerías al complejo denominado Mérida III Milenio, también en la capital autonómica.

En este sentido, Cristina Teniente señaló que las obras se recepcionarán en marzo de este año y que previsiblemente en el mes de octubre se procederá a la reubicación de los departamentos de la Administración regional.

Informe del consejero de Economía y Hacienda

Por otra parte, según explicó la Vicepresidenta y Portavoz, el Consejo de Gobierno analizó un informe del titular de Economía y Hacienda, Antonio Fernández, sobre la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera que tuvo lugar esta semana, y que tuvo como eje "la prioridad de la Ley de Estabilidad Presupuestaria" que próximamente el Gobierno de España llevará a las Cortes para su aprobación.

Según Cristina Teniente, ésta sería "la primera vez que se acomete un plan serio y riguroso de recorte del déficit" y destacó que su objetivo es "garantizar las prestaciones sociales en el futuro".

La Portavoz señaló que esos mismos principios son los que han inspirado las cuentas de la Comunidad Autónoma para 2012 que han sido aprobadas esta semana, y que definió como "las de la veracidad de ingresos, el equilibrio presupuestario y la lucha contra el déficit".

Otro de los asuntos incluidos en el informe del consejero es el relativo a la "reestructuración del sector público" y el redimensionamiento de la Administración, algo que será "un proceso complejo que requiere la adopción de diferentes medidas en el ámbito organizativo, económico y jurídico que garantice que el proceso sea ordenado".

La Portavoz trasladó ese objetivo a la política que está llevando a cabo el Gobierno de Extremadura al señalar que "se está trabajando decididamente" en diseñar lo que calificó como "un mapa del sector público". A su juicio, no se trata sólo de reducir el sector público sino de "poner razón" y de analizar "el papel de la Administración y del sector público en el escenario actual de crisis" con la austeridad como primer principio.

"Además hay que tener muy presente que lo que debe mantenerse es ese sector público que realmente aporte un plusvalor a la sociedad y a la economía regional", concluyó.

Acuerdos del Consejo de Gobierno

Respecto a los acuerdos del Consejo de Gobierno, Cristina Teniente destacó la aprobación de un decreto que modifica el reglamento de máquinas recreativas y de azar, cambios que afectan a diferentes preceptos técnicos en algunos modelos de máquinas recreativas para garantizar medidas de seguridad en los salones de juego, las salas de bingo y casinos de la Comunidad donde se instalan.

Las modificaciones consisten en que estas máquinas deberán contar con dispositivos que permitan su utilización mediante soportes o tarjetas electrónicas de pago y reintegro, que se cambiarán dentro de las dependencias en las que se encuentren y que evitarán la acumulación de elevadas sumas de monedas en estos locales.

De igual forma, la norma establece que los premios consistirán necesariamente en dinero de curso legal y nunca podrán ser entregados en forma de fichas, puntos o créditos a favor de la persona jugadora, sin perjuicio de que su pago podrá instrumentarse mediante la entrega al acertante de un efecto bancario, o a través de métodos electrónicos de pago legalmente admitidos, contra la cuenta bancaria de la entidad titular.