Las localidades extremeñas fronterizas con Portugal han acogido con preocupación y malestar la decisión del Gobierno portugués de cobrar peajes en las autopistas que conectan el país vecinos con España, en las regiones de Salamanca, Andalucía y Galicia, como publicó Radio Interior.

 En el caso extremeño, la carretera afectada, la A-23, no es frontera directa con la región, pero sí el acceso y la salida natural hacia ciudades importantes del norte y sur de Portugal para enlazar con el resto de autovías que unen la región con Lisboa u Oporto. El alcalde de la localidad pacense de San Vicente de Alcántara, Andrés Hernáiz de Sixte, vaticinó hace días que este sobrecoste en las autopistas lusas perjudicará a las relaciones comerciales y empresariales de ambos países. En concreto el coste de los 178 kilómetros de la vía que atraviesa la región del Alentejo (A-23), en el centro-sur de Portugal, asciende a 19,3 euros.  En esta misma línea se ha pronunciado el alcalde de la localidad cacereña de Moraleja, Pedro Caselles, que aunque ha reconocido que Extremadura no tiene acceso directo a la autopista A-23, al menos de momento, hasta que se pueda conectar la ExA1 con Castelo Branco a través de Monfortinho, esta coste puede llegar a encarecer los productos que se comercializan entre las empresas cacereñas y portuguesas. También mostró su malestar el alcalde de Valencia de Alcántara, Pablo Carrilho.

En el caso de los extremeños que viajen de manera esporádica o temporal, o por motivos de ocio o turismo, la recomendación es adquirir una tarjeta prepago.

También el alcalde de Cedillo, Antonio González Riscado, mostró su disconformidad ante la decisión del Ejecutivo luso de cobrar peajes en las autopistas que conectan España con el país vecino. Riscado asegura respetar la medida de las autoridades portuguesas pero ha lamentado que la decisión supondrá "una merma en el paso de ciudadanos por la comarca".

El alcalde de esta población rayana manifestó que "es complicado para los ciudadanos asumir este tipo de desembolsos" y recordó que está totalmente en contra de que se cargue más recaudatoriamente a los ciudadanos con la situación económica que se está atravesando.

En la misma línea se pronunció el primer edil de Membrío, Agustín Gilete, quien ha criticado la medida y ha manifestado en Radio Interior que el abono de cantidades "que en algunos casos superan los 160 euros" afectará negativamente al desarrollo de los municipios de ambos lados de la raya. Gilete aseguró que es una medida que beneficia a las arcas públicas lusas pero que perjudica a los ciudadanos y a las comarcas rayanas "en estos tiempos de crisis".

Agustín Gilete espera que este tipo de medidas no se apliquen en España y se ha mostrado partidario de realizar recortes en aspectos relacionados con la clase política y no en cuestiones fundamentales para los ciudadanos como la educación o la sanidad. "Hay otras formas de recortar, que lo haga la propia clase política, tienen que ser más austeros", afirmó.