El grupo universitario de Amnistía Internacional de la UEx se ha unido esta semana al resto de grupos universitarios a nivel nacional y en colaboración con el grupo local de Amnistía Internacional, y han celebrado un acto y recogida de firmas contra la pena de muerte en la facultad de Derecho.

Este año la movilización se ha centrado en resaltar los vínculos entre la pena de muerte y la tortura. Para simbolizar cómo la pena de muerte puede ser una de las peores formas de tortura, han identificado el caso de una persona condenada a muerte en Japón: Hakamada Iwao.

El acto que se ha realizado en la facultad de Derecho dentro del campus universitario (que es el escenario de acción de los grupos universitarios de AI), ha consistido en la ya tradicional recogida de firmas que ha ascendido a dos centenares a favor del condenado en contra de la pena de muerte acompañada de una recopilación de fotografías con el soporte de carteles de apoyo al citado preso, así como en la realización de una performance donde se ha identificado un ejecutado por ahorcamiento, método de ejecución japonés; además de una serie de audiovisuales que ilustran el desarrollo del caso de Hakamada Iwao, en el que se incluye el testimonio del juez que lo condenó proclamando la inocencia debido a un error judicial.

También se ha puesto un contador donde marca el tiempo que el preso lleva esperando su ejecución, concretamente 43 años, 2 meses y 4 días, indicando también las horas, minutos y segundos.

Hakamada Iwao lleva condenado a muerte desde 1968. En 1966 fue declarado culpable en un juicio injusto por el asesinato del jefe de la fábrica donde trabajaba, su esposa y sus dos hijos. Desde entonces, y como consecuencia de los años que pasó recluido en régimen de aislamiento, padece una enfermedad mental. El riesgo de ejecución es constante a menos que reciba el indulto del ministro de Justicia o se le conceda la celebración de un nuevo juicio.

Hakamada es uno de los presos que lleva más tiempo en espera de ejecución en Japón, y en todo el mundo. Como a los demás reclusos, le está prohibido hablar con otros presidiarios, ver la televisión o dedicarse a intereses o aficiones personales.

Actualmente hay en Japón más de 100 personas condenadas a muerte de las cuales se desconoce cuántas sufren enfermedades mentales. Todo el sistema de pena de muerte y la salud de los presos están rodeados de gran hermetismo. La política del Gobierno es no permitir acceder a ellos y las peticiones de Amnistía Internacional en este sentido han sido denegadas.

En Japón las ejecuciones se llevan a cabo mediante ahorcamiento y habitualmente se realizan en secreto. Los condenados a muerte reciben la notificación de la ejecución el mismo día en que se va a llevar a cabo y, por lo común, solamente se informa a las familias después de la ejecución.

El Ministerio de Justicia alega que este procedimiento evita la vergüenza a los familiares de los reos y reduce el sufrimiento psíquico de los condenados. Sin embargo, esto significa que los condenados viven con un miedo constante a la ejecución. Una vez que sus apelaciones se han agotado, un condenado a muerte en Japón puede esperar años o décadas antes de ser ejecutado.

En el año 2007, se ejecutaron en Japón nueve personas, tres de ellas el 7 de diciembre, justo tres semanas después de que la Asamblea General de la ONU adoptase una resolución pidiendo una moratoria mundial de las ejecuciones.

Además de no conocer la fecha de su posible ejecución, los presos condenados a muerte viven en un estricto régimen de aislamiento: no se les permite hablar entre sí y el contacto con familiares, abogados y otras personas puede estar limitado a visitas de sólo cinco minutos. No se les permite moverse salvo para ir al baño y deben permanecer sentados en su celda.

Estas condiciones aumentan la ansiedad y la angustia de los presos y en muchos casos los empujan hacia la enfermedad mental. Permitir que un preso viva durante un largo periodo bajo la amenaza diaria de una muerte inminente es cruel, inhumano y degradante.

A día de hoy la pena de muerte goza de un amplio apoyo en Japón (en torno al 85 % de la población se muestra a favor de ella), y el gobierno en el poder es pro-pena de muerte, como lo evidencia el aumento de las ejecuciones bajo el actual Ministro de Justicia. El apoyo público a la pena de muerte se debe en parte al secretismo que la rodea: sencillamente la gente no conoce la realidad de la pena de muerte.

Amnistía Internacional es una organización no gubernamental humanitaria con carácter mundial, que trabaja para promover los derechos humanos en el marco de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otros tratados internacionales. Está formada por más de 40 millones de socios en el mundo y, a lo largo de sus cerca de 40 años de historia, ha recibido innumerables galardones y premios siendo el más destacado el Premio Nobel de la Paz concedido en 1971.

Los principales objetivos de nuestra organización son:

1.- La liberación de todo prisionero de conciencia (se define un prisionero de conciencia como aquella persona encarcelada por el ejercicio de su derecho a expresar sus creencias políticas o religiosas en forma pacífica).

2.- Exigencia de juicios justos para los presos políticos.

3.- La abolición de la tortura y de todo castigo denigrante a los prisioneros.

4.- Denuncia de las desapariciones y asesinatos políticos.

5.- Abolición de la pena de muerte.

6.- Condena de abusos tales como la toma de rehenes, la tortura y muerte de prisioneros, así como las matanzas intencionadas y arbitrarias, sin importar quién sea el autor ni con qué fin.

7.- Asistencia a los exiliados cuyos derechos humanos fundamentales corran riesgo en sus países de origen.

8.- Cooperación con otras ONG, con las Naciones Unidas y con las organizaciones intergubernamentales de carácter regional.

9.- Organización de programas de educación en derechos humanos para crear conciencia en el tema.

Amnistía Internacional se financia por medio de donaciones de sus miembros asociados pero no solicita ni recibe subvenciones de gobiernos nacionales, ni partidos políticos, ni empresas o entidades financieras, preservando así su independencia absoluta a la hora de la consecución de sus objetivos.

Los llamados grupos universitarios de Amnistía Internacional, son entes autónomos de las agrupaciones locales que centran su acción en el ámbito de la Universidad, en nuestro caso la Uex, teniendo como principal objetivo realizar acciones de movilización, información y sensibilización durante todo el curso académico.