CCOO de Extremadura asegura que si la Junta de Extremadura profundiza en privatizar y externalizar los servicios públicos regionales dañará la calidad y la equidad en la prestación de estos servicios y se perderá el empleo que actualmente se mantiene por esta vía.

El Área Pública de CCOO de Extremadura muestra su firme oposición a la idea de ahondar más en la cesión a la gestión privada de servicios públicos esenciales como educación o sanidad, tal y como ayer coincidían en defender la patronal extremeña y la Administración regional.

CCOO reclama que tanto la CREEX como la Junta de Extremadura concreten exactamente de qué hablan cuando indican que hay que "impulsar la colaboración privada y social en la provisión de servicios sanitarios y educativos".

Desde CCOO se advierte que defenderá enérgicamente la necesidad de mantener el carácter público de los servicios esenciales y básicos ante cualquier pretensión del empresariado de privatizar aún más estos servicios con el beneplácito del Gobierno regional.

Hay que recordar que la gestión privada ya está demasiado presente en estos ámbitos. Así, está en manos de empresas privadas la prestación de servicios como el transporte escolar, el transporte sanitario, los comedores escolares, la vigilancia y limpieza de edificios públicos o la ayuda a domicilio.

Más aún,  en el terreno de la Sanidad, algunos servicios directos a los usuarios ya están externalizados con conciertos con clínicas privadas, incluso con la práctica de intervenciones quirúrgicas.

CCOO recuerda que en aquellas comunidades autónomas en las que ya se ha emprendido el camino de profundizar en la privatización de servicios se ha notado de manera notable la pérdida de calidad en su prestación y que el sistema pasa a ser más injusto y menos equitativo, perjudicando especialmente a las personas con menos recursos.

Por otra parte, CCOO demanda que la Junta de Extremadura aclare expresamente que cuando habla de reducir el tamaño de la empresa pública no pretende realmente trasladar negocio de las empresas públicas extremeñas a las empresas privadas.

Ese camino sólo conduce al beneficio de unos pocos frente al interés general de la ciudadanía y provocaría pérdida de puestos de trabajo y de calidad y eficiencia en la gestión de estos servicios.