La Dirección General de Ordenación Industrial y Comercio de la Junta de Extremadura ha paralizado los trabajos de ampliación de la explotación minera Villaluengo I, en Garrovillas de Alconétar, tras recibir un informe de la sección de Arqueología del Servicio de Patrimonio Histórico-Artístico de la Consejería de Educación y Cultura en la que se instaba a priorizar la conservación de tres yacimientos de cronología entre calcolítico-hierro romano, que hasta el momento no han sufrido daños irreparables, según constataron los técnicos arqueólogos en una visita a la mina el pasado 13 de agosto.
Precisamente, y con objeto de evitar posibles daños, la Dirección General de Ordenación Industrial y Comercio de la Junta de Extremadura ordenó el 17 de agosto a la empresa explotadora la inmediata paralización de cualquier actividad, incluido el cerramiento o construcción de caminos de acceso. Una paralización que ha aceptado la propia empresa procediendo a la suspensión provisional de los trabajos que tenían previsto iniciar.
En cualquier caso, este organismo no ha autorizado la ampliación de la explotación minera y de sus instalaciones, sino que únicamente ha tramitado el expediente expropiatorio solicitado por la empresa que no implica la autorización del inicio de la actividad minera.
De acuerdo con la legislación vigente de minas, medioambiental y de patrimonio histórico y cultural, el proyecto de ampliación de la actividad minera deberá ser autorizado por la Dirección General de Ordenación Industrial y Comercio teniendo en cuenta la correspondiente evaluación del impacto, el estudio arqueológico y la autorización del Plan de Restauración en los que se determinará si procede delimitar una zona de exclusión para proteger los yacimientos arqueológicos que se han localizado.
En este sentido, la Dirección General de Medio Ambiente también está trabajando en la elaboración de un estudio de impacto ambiental sobre la ampliación de la mina.
La empresa titular de la concesión de explotación Villaluengo solicitó la expropiación de los terrenos necesarios para ampliar su explotación minera en febrero de 2010, con objeto de tener material suficiente para el suministro de balasto para las obras de la línea del AVE Madrid-Badajoz. Así, mediante un Decreto de la entonces Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente de 13 de mayo de 2011, se declara la urgente ocupación de los terrenos necesarios para la ampliación de dicha explotación, sobre una superficie de 8,73 hectáreas.
Una vez levantada la correspondiente acta de ocupación, la empresa beneficiaria de la expropiación había iniciado los trabajos conducentes a la delimitación de los nuevos límites de la finca a ocupar, que ahora se han paralizado.
