La Fiscalía Provincial de Cáceres ha pedido el archivo de la causa que, por un presunto delito de prevaricación, se seguía contra la alcaldesa popular de Almaraz, Sabina Hernández, que fue denunciada por el PSOE por haber hecho una Imposición a Plazo Fijo de tres millones de euros en una oficina de Banesto, donde trabaja un familiar suyo, y en contra de la opinión del secretario del ayuntamiento, que se negó a firmar dicha operación.
Los tres millones de euros procedían del pago de una parte del IBI de la Central Nuclear de Almaraz que, por constituir un exceso de tesorería, no pasó a integrarse dentro del presupuesto ordinario del ayuntamiento.
Según ha informado el PP en nota de prensa, a la vista de las pruebas aportadas, la Fiscalía ha entendido que no existen indicios de delito en dicha operación financiera, ya que desde el Ayuntamiento de Almaraz se solicitaron ofertas a varias entidades financieras, resultando la de Banesto la más rentable, tanto por el tipo de interés, más alto, como del menor porcentaje de penalización en caso de cancelación. Además el Ministerio Fiscal reconoce que Banesto reunía también el requisito de seguridad exigido para estos casos "por la solvencia de la entidad y por la ausencia de riesgos"
La Imposición a Plazo Fijo fue firmada por la alcaldesa y por el tesorero, no siendo así por el secretario, que se encontraba en el mes de julio de vacaciones, y que, a su regreso, y antes las críticas que el hecho había suscitado dentro del grupo en la oposición, se negó a firmarla.
Ante este hecho, la Fiscalía manifiesta que los alcaldes cuentan con un margen de discrecionalidad, y recuerda que la sentencia del Tribunal Supremo de 19 de noviembre de 2008 dejó sentado que "allí donde caben varias conductas y decisiones objetivamente sostenibles o donde existen dudas fundadas, la elección de una u otra no dará lugar a una acción prevaricadora, dado que se habrá mantenido dentro de lo jurídicamente aceptable".
Los populares consideran que una vez más, la Fiscalía vuelve a dar la razón a los representantes del Partido Popular, en este caso a la alcaldesa de Almaraz, frente a las "innumerables denuncias del Partido Socialista que pretenden conseguir en las salas de vistas lo que no son capaces de conseguir desde sus escaños, judicializando la vida política".
El Partido Popular lamenta la "actitud irresponsable" del PSOE, llevando a los tribunales casos que saben, a ciencia cierta, que no son constitutivos de delitos, suponiendo, en muchos casos, un coste para las arcas municipales, y en todos, la sobrecarga de los tribunales de justicia, con causas que nunca deberían llegar a ellos, y que lo único que hacen es ensuciar el nombre de los municipios extremeños.
