Los eurodiputados han defendido una Política Agraria Comunitaria (PAC) posterior a 2013 que cuente con financiación suficiente y que sea garantía de una redistribución equitativa de los recursos, según un figura en el informe que se ha aprobado este jueves en el Parlamento Europeo.
El informe defiende una PAC fuerte y dotada de recursos suficientes y se opone con firmeza a toda iniciativa de renacionalización de la política agraria a través de la cofinanciación de los pagos directos. Los diputados del Parlamento Europeo han abogado por la defensa de un sistema de ayudas directas a los agricultores basado en criterios ambientales y sociales.
ALMACENAMIENTO PRIVADO
El Parlamento Europeo considera necesario reforzar los sistemas de gestión en el sector de las frutas y hortalizas (cítricos y todos los productos afectados), del vino y del aceite de oliva, cultivos muy importantes para la economía de distintas zonas de Extremadura, como es el caso del Valle del Alagón, la zona regable del Borbollón o las sierras del norte de Cáceres. Igualmente, defienden como básico un fondo de crisis más eficaz en el sector de las frutas y hortalizas, una mejor gestión de crisis en el sector del vino y un sistema de almacenamiento privado actualizado en el sector del aceite de oliva.
En el caso concreto del viñedo, los eurodiputados instan a la Comisión a que considere mantener los derechos de plantación en el sector del vino después de 2015 y a que tenga en cuenta esta posibilidad en su informe de evaluación sobre la reforma de la OCM del vino previsto para 2012.
En cuanto a las pequeñas explotaciones, el informe sugiere crear un régimen especial para los titulares de pequeñas parcelas y subraya la necesidad de diversificar los ingresos de estas explotaciones, desarrollar su gestión empresarial y crear nuevos puestos de trabajo en el ámbito rural. Los diputados consideran que las medidas tomadas hasta ahora no han sido suficientes para detener el rápido envejecimiento de la población en el sector agrícola. Por este motivo, solicitan que se presenten propuestas para invertir esta tendencia.
Por otra parte, los diputados recalcan que a los dos cónyuges que trabajan en una explotación se les deben garantizar los mismos derechos. Cerca del 42% de los 26,7 millones de personas que trabajan en la agricultura en la UE son mujeres, pero solo una de cada cinco explotaciones (alrededor del 29%) es gestionada por una mujer.
