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La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO ha denunciado publicamente que la ONCE está poniendo en peligro 500 puestos de trabajo directos en el ámbito de la comunidad autónoma extremeña. 

En un comunicado de prensa, CCOO indica que la publicación en el BOE del pasado 24 de mayo de la Resolución de la Secretaría General de Política Social y Consumo, que da publicidad al nuevo Reglamento del Cupón de la ONCE, "quiebra el carácter social de la entidad, que a partir del 1 de julio podrá poner a la venta el popular cupón de la ONCE, baluarte y buque insignia de su misión social, a través de estancos, gasolineras, quioscos de prensa, establecimientos de hostelería y restauración, etc. lo que se denomina como Canal Físico Complementario (CFC)".

La dirección de la ONCE, explican desde el sindicato, ha justificado esta decisión, ante sus vendedores en que "el posicionamiento en el futuro mercado de juego global es una estrategia necesaria ocupando el nicho de mercado, antes de que otros competidores lo hagan", aderezando esta justificación con otro argumento, según el cual "en ningún caso los CFCs venderían el cupón de la ONCE, que quedaba reservado al personal vendedor".

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No obstante estas explicaciones dadas por la dirección a la representación de CCOO y al conjunto de trabajadores han quedado como "burdas mentiras" cuando a partir del 1 de julio próximo, los CFC podrán comercializar el cupón tradicional, cuya venta era exclusiva de los vendedores de la plantilla de la ONCE, vendedores quienes recaudan el 96,5% del total de ventas de la entidad.

Es en los artículos 5 y 7 del citado reglamento en los que se recoge la venta del cupón a través de agentes distintos al personal vendedor.

Esta medida, que no generará ni un solo empleo directo o indirecto, pone en serio riesgo los puestos de trabajo de 500 personas en la región extremeña ya que lo que la ONCE parece perseguir es la desvinculación del cupón con sus vendedores tradicionales, personas ciegas y con otras discapacidades, que con "esta suicida política comercial, podrían quedarse en el paro a corto/medio plazo y pasar a depender económicamente de las prestaciones públicas".

CCOO señala como cooperadores necesarios de la nefasta política comercial de la ONCE, al Ministerio de Sanidad, que tiene la tutela legal de la ONCE así como al sindicato mayoritario en la Entidad, UTO-UGT, que "mira hacia otro lado mientras una institución con 73 años de historia es desmantelada".

Desde CCOO consideran imprescindible que se produzca una reacción inmediata de los poderes públicos, para "frenar este despropósit"o, pues de no hacerlo las personas con discapacidad visual, y demás trabajadores de la ONCE con otras discapacidades, pueden terminar sus relaciones laborales, "perdiendo igualmente la dignidad que estos puestos de trabajo les posibilitaban en su vida persona"l.


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