La oficina del Defensor del Pueblo, que dirige María Luisa Cava de Llano, atendió el año pasado 34.674 expedientes, frente a los 22.287 gestionados en 2009. Esto supone un incremento del 55,58%, que responde principalmente al crecimiento registrado por las quejas colectivas, que pasaron de 3.626 en 2009, a 17.449 en 2010. Las quejas individuales, por su parte, se elevaron a 16.759.

Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente. El área de Ordenación Territorial ha registrado 2.178 expedientes de queja, de los cuáles 1.742 son quejas individuales, 414 colectivas y 22 de oficio. Más de la mitad de las quejas de esta área se refieren a temas de vivienda.

Medio ambiente

Ecologistas en Acción ha indicado que en la actitud de muchas administraciones se aprecia un compromiso insuficiente con los objetivos reales de protección del medio ambiente. Así ocurre, por ejemplo, con el grado de importancia que se concede a los informes de evaluación de impacto ambiental sobre proyectos de desarrollo de infraestructuras o de urbanización, que quedan reducidos en muchas ocasiones a meros trámites.

Lo mismo puede decirse del grado de cumplimiento de las normas que establecen el deber de información ambiental y de participación de los ciudadanos en los procesos de transformación que afectan al medio ambiente. En este contexto, destaca negativamente una forma de actuación de los poderes públicos que consiste en sortear los procedimientos reglados y ordinarios de aprobación de planes de desarrollo en zonas de especial protección medioambiental, mediante la aprobación de una ley singular por el parlamento autonómico (con o sin el acuerdo de los grupos de oposición).

Al evitar los procedimientos reglamentarios, se evita la participación de los interesados a lo largo del proceso y la posibilidad de que éstos acudan directamente a la jurisdicción ordinaria.

En cuanto a la prevención y gestión de residuos, la Defensoría ha propuesto que en la planificación urbanística se prohíba el uso residencial alrededor de las grandes instalaciones contaminantes.

Urbanismo y vivienda

Las quejas tramitadas por la oficina del Defensor del Pueblo sobre esta materia reflejan que las administraciones públicas tienden a tratar el suelo y la vivienda como bienes mercancía, objeto de tráfico jurídico y económico, en lugar de hacerlo tal y como exige la Constitución, como bienes de uso y disfrute, objeto de satisfacción de una necesidad básica de las personas.

Se ha detectado que la planificación urbanística se realiza cuando existe rentabilidad económica y no porque se necesite suelo bien ordenado. Ejemplo de este desinterés económico en la reordenación del espacio urbano es la Cañada Real Galiana, en Madrid. La institución lleva ocupándose varios años de este asunto, tras recibir numerosas quejas. Para tener un mayor control y coordinación se ha decidido proseguir la investigación con carácter de oficio, ya que lo cierto es que los problemas persisten y se encuentran lejos de poder solucionarse.

Por lo demás, el Defensor del Pueblo siguió investigando en 2010 asuntos relacionados con retrasos en la tramitación y aprobación de planes urbanísticos y de falta de coordinación entre las distintas administraciones urbanísticas.

Por lo que respecta a la vivienda, la Defensoría considera que debe avanzarse en la senda abierta por la legislación de Andalucía, y que también el País Vasco tiene en curso de promulgación, de reconocer el disfrute de una vivienda como un derecho plenamente exigible. No obstante, la oferta de vivienda oficial protegida fue muy escasa, a pesar de que el actual contexto de crisis económica ha hecho crecer la demanda potencial de este tipo de vivienda. De las quejas recibidas se desprende que jóvenes, mujeres, personas mayores o inmigrantes, siguen siendo los colectivos que más sufren para acceder a una vivienda.