En el Día Mundial del Agua, SEO/BirdLife ha destacado la incoherencia en la política de aguas como la principal barrera si se pretende una gestión verdaderamente compatible con la conservación de los ecosistemas.
Según David Howell, Coordinador del Área de Políticas Ambiéntales de SEO/Birdlife, "el gran reto de la gestión del agua en España en el siglo XXI es equilibrar los usos económicos del agua con la restauración y conservación de los ecosistemas, de manera transparente y participativa. Pero en España no existen ni las herramientas adecuadas, ni la voluntad política para diseñarlas. Mientras se elaboren los planes de cuenca con el debate estancado en el partidismo, el utilitarismo y los conflictos territoriales, será difícil cumplir con la Directiva Marco del Agua". En opinión de Howell "ha llegado el momento de afrontar este reto en España con seriedad y serenidad, sin recaer en los enfrentamientos históricos de la gestión del agua".
España sigue entre los países de la UE con más retraso en la puesta en marcha de la Directiva Marco del Agua (DMA), incrementando el riesgo de sanciones por su inadecuada implantación. Para salir de esta situación, SEO/Birdlife considera claves estas tres cuestiones:
1. Coherencia entre la gestión del agua y otras políticas
La modernización de regadíos y reutilización de aguas depuradas atienden más bien a la satisfacción de nuevas demandas que a la recuperación de acuíferos y caudales. La intensificación agraria se mantiene como una amenaza para la calidad del agua y el balance hídrico. El boom urbanístico ha incrementado la superficie de suelo impermeable y la ocupación del dominio público, y con ello la vulnerabilidad a las inundaciones y la demanda de obras de ‘limpieza' y ‘regulación' de ríos, que dañan a los ecosistemas y carecen de la visión estratégica de la DMA. Además, siguen sin integrarse la conservación de los humedales y la gestión del agua, obligación básica de la DMA todavía no reflejada adecuadamente en los planes de cuenca.
2. Respetar la ley
Existen graves carencias en la puesta en marcha de la DMA. La respuesta del gobierno es poner parches o posponer el problema, en vez de resolverlo. Así, no se han calculado los caudales ecológicos antes de las consultas públicas sobre los planes de cuenca, cuando deberían haber sido la base de los objetivos propuestos en estos planes. La recuperación de los costes de los usos del agua es insuficiente. Existen miles de captaciones ilegales y edificios en pleno dominio público sin que haya multas ejemplares o cumplimientos de sentencias de derrumbe. Se abusa del término ‘de interés general' para justificar proyectos de carácter claramente político o particular.
3. Modernización institucional
Los organismos de cuenca son los responsables de proteger los ecosistemas acuáticos, pero promueven obras hidráulicas que dañan al medio ambiente; funciones manifiestamente opuestas. Como órganos de participación, los consejo del agua son poco operativos o representativos, favoreciendo más a los intereses económicos que al buen estado de los ecosistemas. Las autoridades competentes dificultan el acceso a la información, al no contestar a peticiones directas, y publicando documentos de miles de folios, contrario al fomento de la participación activa, misión central de la DMA. Y la insistencia de las autonomías en los ‘derechos territoriales', dificulta la tarea del estado en las cuencas intercomunitarias. Además, conceptos como ‘reservas estratégicas' y ‘cuencas excedentarias o deficitarias' son incompatibles con el espíritu de la DMA, y sus conceptos de continuidad de ecosistemas y unidad de cuenca.
