CSI-F ha remitido un escrito al Ministerio de Justicia en el que solicita que no se despliegue la nueva Oficina Judicial en Mérida, cuya RPT (Relación de Puestos de Trabajo) se publicó en el BOE el pasado 31 de diciembre, hasta que no se solucionen los graves problemas detectados en las ciudades en las que ya se ha implantado este proyecto piloto, como Burgos y Murcia.

Y es que en esta primera fase de implantación se ha provocado un auténtico caos judicial que ha desembocado en un desastre de funcionamiento con problemas entre Jueces, Secretarios, Funcionarios, Abogados, Procuradores y  ciudadanos, que son los más afectados, según informa este sindicato a través de un comunicado de prensa.

Se ha producido una falta absoluta de coordinación y de organización entre los nuevos centros de destino en conjunto y por separado. Además la nueva oficina judicial en Mérida nace, tal y como recoge el BOE, con un funcionario menos de los necesarios.

También, el sistema informático sigue sin funcionar en condiciones, dado que hay ausencia de modelos para determinados trámites y, por tanto, tienen que seguir con el corta y pega, mientras que la agenda de señalamientos está semanas sin ser operativa.

CSI-F también ha detectado problemas de itineración de las citaciones y notificaciones. En cualquier caso, CSI-F recuerda que  se negó a firmar el acuerdo de implantación de la Nueva Oficina Judicial ante el ministro de Justicia, ya que igual que la mayoría de los funcionarios, éramos conscientes del fracaso que iba a significar y de los problemas que iba a causarnos.

Por último, indicar que CSIF ha recurrido sistemáticamente ante los tribunales todas y cada una de las resoluciones y ordenes de la Nueva Oficina Judicial  aunque eso sí, no estamos en contra de la Nueva Oficina Judicial, sino de ésta tal y como se está desplegando.