La Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid ya presta atención médica y social a la niña madrileña que fue secuestrada y explotada sexualmente en la localidad pacense de Arroyo de San Serván, cuya tutela ya ha asumido con carácter de urgencia, informaron a Europa Press fuentes del Gobierno regional madrileño.

La tutela de urgencia se adoptó el pasado 10 de diciembre en Comisión de Tutela y se hizo efectiva y notificó al padre ayer por la tarde en la reunión que mantuvo con responsables del Instituto del Menor y la Familia. Este servicio intentó ponerse en contacto hasta en tres ocasiones con el padre de la menor en su domicilio, pero fue imposible localizarlo.

Las mismas fuentes han explicado que la menor está recibiendo ya asistencia por parte del personal sanitario y de los servicios sociales de la Comunidad de Madrid, que están evaluando las necesidades de la menor.

La consejera de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Engracia Hidalgo, ha afirmado esta mañana en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que el padre de la adolescente se presentó ayer en la sede del Instituto del Menor y la Familia de la Comunidad de Madrid, donde aseguró que la joven estaba con él y que rechazaba la tutela del Gobierno regional.

La Comunidad de Madrid ya ha puesto estos hechos en conocimiento de la Fiscalía. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha precisado a continuación que "será el fiscal de menores o el juez de menores y el grupo de policía dedicado a los menores quienes tendrán al final que decidir quién tiene la tutela" de la chica, aunque ha manifestado que, en cualquier caso, se garantizará "la mejor atención para la niña".

También ha señalado que los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid ya comunicaron al Gobierno regional en 2009 la situación en la que se hallaba esta chica, pero, posteriormente, se archivó el expediente porque parecía que estaba "bien" con la familia. "En esta ocasión ha sido el 10 de diciembre, cuando nos lo han comunicado y se ha procedido a la tutela por la vía de urgencia en esas mismas fechas", ha indicado.

Al ser preguntada por si consideraba que se había producido alguna negligencia en este asunto, la dirigente regional ha reconocido que "es muy probable que se hubiera podido tener mayor celeridad" en el caso, pero ha asegurado que "tampoco es una cuestión de negligencia por parte de nadie".

"Aquí hay una concatenación de hechos muy complejos, la niña ha asistido a clase con excepción de este último mes, noviembre y octubre. Los informes que hay son muy prolijos, muy amplios, porque llevan mucho tiempo en tratamiento, y nosotros queremos lo mejor para la niña y la mejor garantía para sus padres, que también estoy segura están sufriendo mucho", ha aseverado.

Por ello, ha indicado que la decisión la tomará el juez "buscando siempre, con la ayuda del fiscal y del Instituto del Menor, lo mejor para la niña". "Será el fiscal de menores o el juez de menores y el grupo de policía dedicado a los menores quienes tendrán al final que decidir quien tiene la tutela", ha señalado para añadir que en cualquier caso, se garantizará "la mejor atención para la niña".

La presidenta madrileña explicó ayer que el pasado 7 de diciembre los Servicios Sociales del Ayuntamiento se dirigieron a la Comunidad de Madrid para que asumiera la tutela de la menor porque su situación familiar "lo hacía recomendable". Así, precisó que "el día 10 se reunió la Comisión de Tutela y acordó asumirla", por lo que "fueron a su casa a buscarla tres veces" pero no la encontraron. Por ello, se solicitó una orden judicial y se pusieron en contacto con el Grume, el Grupo de Policía de Menores para intentar localizarla.

El pasado 3 de octubre, los padres de la menor, de 14 años y domiciliada en los alrededores de la calle de Serrano de la capital, presentaron una denuncia por su desaparición en la comisaría madrileña de Chamartín. La chiquilla se marchó de casa tras haber sido seducida por un rumano de 22 años, que la convenció para que se fuera a vivir con ella.

Al poco de llegar a Arroyo de San Serván, un pueblo de poco más de 4.000 vecinos próximo a Mérida, la muchacha residió algunas noches en una vivienda de la calle de La Sierra, donde habitan varios familiares del novio rumano. Pero más tarde fue trasladada a una chabola próxima a un vertedero y obligada a prostituirse. El 4 de diciembre un policía local llamado Pedro José Torrado liberó a la menor.