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La empresa Isolux Corsán continuará gestionando el servicio de agua en Moraleja a pesar de que en el mes de mayo ayuntamiento y empresa llegaran a un acuerdo para rescindir el contrato de forma amigable tras la segregación de Vegaviana. En una decisión adoptada por el pleno en la sesión de este jueves, el acuerdo del mes de mayo queda ahora sin efecto, por lo que Isolux Corsán continúa con una gestión del agua que hasta ayer tenía su fecha de caducidad fijada en el 31 de diciembre.

Después de tres meses en la bancada de la oposición en el Ayuntamiento de Moraleja, los concejales del grupo municipal popular han asegurado que el principal motivo de la moción de censura de los concejales del PSOE y del independiente David Pérez Chaparro era retener a la empresa Isolux Corsán, gestora del agua en Moraleja y a la que, según explican los populares, une una estrecha relación con Felipe Mayoral.

Así se aseguró en una nueva maratoniana sesión plenaria que duró cuatro horas y que correspondía al mes de noviembre.

Un pleno que contenía 16 puntos en el orden del día y en el que se aprobó dejar sin efecto el contrato de resolución con la empresa del agua en Moraleja y que fue aprobado en el pasado mes de mayo. La concejala popular, Concepción González, criticaba la exposición de Felipe Mayoral.

Según denunciaba Mayoral, en dicho contrato no se especifican las liquidaciones, por lo que no se sabe la cuantía que esta resolución iba a costar a los vecinos de Moraleja. Critica el concejal que el contrato permitiera, además, la improcedencia de indemnizaciones a ninguna de las partes. El concejal del equipo de Gobierno manifestó, además, que el Gobierno anterior permitió a esta empresa que durante los años 2008 y 2009 pagara la mitad de lo que realmente tenía que haber pagado al ayuntamiento, una cifra que gira alrededor de los 258.000 euros.

Otro de los problemas que contemplan desde el equipo de Gobierno es que la empresa adjudicataria ya anunció que los trabajadores pasarían a cobrar la nómina de otra empresa de su propiedad pero con CIF diferente, algo que desprotege a los trabajadores, "como ya pasara en su día con los de Pilsa cuando Conyser se hizo cargo del servicio de limpieza".

En el caso de que ninguna empresa pasara a gestionar el servicio de agua hasta el día 31 de diciembre, hubiera sido el ayuntamiento el que hubiese gestionado este servicio de forma directa y con la pérdida de fondos para el ayuntamiento por un servicio que "no es rentable", ya que se perderían más de 210.000 euros.

El concejal socialista va más allá asegurando que en su día se vulneraron los derechos de los ciudadanos cuando el mismo día del pleno en el que se aprobó esta resolución faltaban documentos y anexos que luego sí se incluyeron para su aprobación en la sesión. Critica que, además, a día de hoy todavía continúa faltando documentación.

Por su parte, el ex – responsable del departamento de Hacienda, defiende que desde su departamento no se hizo nada que no fuese avalado por los servicios técnicos. En cuanto a lo que la empresa pagó al ayuntamiento, sostiene Carlos Lomo que el contrato firmado en el año 1998 cuando gobernaba el PSOE refleja que la empresa no tiene por qué pagar nada de lo que vaya sin IVA. Explica el concejal popular que nunca dio la orden para que se bajase el precio de la venta del agua y explica que el pleito en el que el equipo de Gobierno pretende embarcar al Ayuntamiento tan solo perjudicará al propio consistorio.

Según Concepción González, la exposición de Felipe Mayoral fue "oscura y con información sesgada", a la vez que criticó que un asunto de esta índole tendría que haber pasado en primer lugar por la comisión, al contener tal cantidad de datos numéricos aportados por el concejal socialista.

Un punto éste que deja sin efecto la resolución del contrato aprobada en mayo por "lesiva por para los intereses del ayuntamiento" y que fue aprobado con la abstención del PP.

Otro de los puntos ‘calientes' de una noche en la que se trataron mil y un asuntos relacionados con la localidad, la comunidad autónoma, el conjunto del país e incluso la actualidad en Cataluña tras las elecciones, fue el del inicio del expediente sancionador a la empresa encargada de la construcción del puente nuevo. En un principio, el PP instó a la presidenta a que este punto fuese retirado del orden del día por carecer de informes técnicos y jurídicos que avalasen este expediente sancionador, algo que fue rechazado posteriormente en votación.

En el debate del punto, el concejal del equipo de Gobierno, Felipe Mayoral, denunció el hecho de que el pliego de condiciones recogía que para esta obra debían emplearse un total de 6.876 jornales. Algo que, a juicio de Mayoral, fue decisivo para la adjudicación, al sumar este compromiso gran cantidad de puntos en el concurso. El concejal asegura que tan sólo se han empleado 1080 jornales, lo que supone un 15%.

Mayoral criticó que recientemente se ha recibido de la dirección de obra un informe en el que se informa de una deficiencia en uno de los muros, por lo que correría peligro de derrumbe. Además, mantiene que el paso de peatones no cumple con la Ley de Accesibilidad de Extremadura.

Por todo ello, el equipo de Gobierno solicita para la empresa una sanción de 140.000 euros.

Por su parte, la concejala Concepción González aseguró que el Gobierno local pone en entredicho al Gobierno de España, ya que desde el Ayuntamiento de Moraleja se remitió todo el expediente al Gobierno central sin que pusiera pega alguna. Criticaba, también, que en vez de mirar para adelante, los concejales del PSOE tienen odio y no dejan de mirar al pasado en lugar de trabajar por el pueblo.

Defendió  González que para adjudicar este obra, la mesa de contratación se basó exclusivamente en el informe del técnico de la Diputación Provincial de Cáceres. A su vez, recriminó a Teresa Roca el acto de terrorismo patrimonial desarrollado en el puente viejo.

Por otra parte, el PP presentó una moción para que el Ayuntamiento de Moraleja inste al Servicio Extremeño de Salud (SES)  a que el hospital de Coria no se quede sin servicio de Pediatría y, por ende, sin unidad de partos, al ser necesaria por norma legal la presencia de un pediatra para gestionar un parto. En caso de que finalmente suceda, se exigirían las dimisiones de las personas responsables en la Consejería de Sanidad, en la gerencia del Área de Salud de Coria y en la dirección del propio hospital.

Finalmente, a propuesta de la alcaldesa, la moción se quedó encima de la mesa, después del compromiso de Roca para recabar del SES toda la información al respecto


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