El sindicato CSI-F Extremadura se ha congratulado del auto dictado por la Audiencia Nacional que duda de la constitucionalidad del recorte salarial de los empleados públicos ya que la Audiencia Nacional ha admitido la demanda de conflicto colectivo presentada por CSI-F. "Es un paso muy importante y nos da aún más ánimo para continuar con nuestras movilizaciones", ha declarado José Fernández Vidal, presidente de CSI-F Extremadura, nada más conocer el auto. "Los empleados públicos no pueden ser quienes paguen los platos rotos de la política económica del Gobierno para salir de la crisis y CSI-F seguirá movilizándose hasta que el Gobierno rectifique".
La sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha abierto una vía procesal para estudiar la posible inconstitucionalidad del Real Decreto Ley 8/2010 de 20 de mayo por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, entre las que se encuentran el recorte de los salarios de los empleados públicos entre el 5% y el 10%. En concreto, la Audiencia duda de la constitucionalidad de la nueva redacción de los artículos 22, 4 y 25 del Real Decreto Ley, ya que podrían afectar "al contenido esencial"del derecho a la libertad sindical y a la negociación colectiva. Igualmente, los magistrados de la Sala también tienen sus "dudas"sobre la posible afectación al contenido esencial del derecho de igualdad.
La Audiencia Nacional fundamenta estas dudas en la disposición adicional novena del decreto antidéficit sobre normas especiales para entidades del sector público, al excluirse en ella del recorte salarial al personal laboral no directivo de entes públicos empresariales como Renfe, Adif y AENA, salvo que las partes decidan su aplicación vía negociación colectiva.
Desde que entrara en vigor el Real Decreto Ley 8/2010 de 20 de mayo, CSI-F Extremadura no ha parado de movilizarse. Inmediatamente hubo concentraciones por toda la geografía nacional que culminaron el 8 de junio con una huelga general de empleados públicos. Ayer mismo hubo otra concentración frente a la Delegación del Gobierno en Badajoz.
Además, CSI-F ha presentado recurso ante el Tribunal Supremo y también ha dirigido un escrito a María Luisa Cava de Llano, Defensora del Pueblo, solicitándole la interposición de un recurso de inconstitucionalidad. CSI-F continuará promoviendo iniciativas para satisfacer las expectativas de los casi 90.000 empleados públicos que hay en Extremadura. De momento, y como dato, en nuestra comunidad CSI-F ha tramitado más de 11.000 recursos a título individual de los empleados públicos.
