Ecologistas en Acción  Extremadura lleva desde el año 2000 preocupándose por uno de los problemas de salud ambiental y salud pública, que más han conmocionado a la sociedad en los últimos tiempos. Los casos de leucemia atípicos, en un Colegio de Valladolid, cuya provocación podrían ser los campos y ondas de radiofrecuencia generados por las estaciones base de telefonía móvil, alarmó a padres, ciudadanos en general, científicos y políticos, según informa la organización en un comunicado de prensa.

Una nueva contaminación, la electromagnética, invisible, pero con posibles efectos mortales, hizo desatar la preocupación de médicos, científicos, vecinos y ecologistas. En algunos pueblos de Extremadura también saltó la preocupación entre vecinos, padres y Ecologistas.

 La campaña de información promovida por  Ecologistas en Acción de Guadalajara , unido al apoyo de diversos agentes sociales, concluyó en la promulgación de una Ley Regional (Ley 8/2001, de 28 de junio, para la Ordenación de las Instalaciones de Radiocomunicación en Castilla-La Mancha) y a nivel municipal, de una ordenanza: La Reguladora de la Instalación de Antenas, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia el 2 de Febrero de 2002.

Esta legislación básica fijó niveles de exposición y distancia, bajo el principio de precaución, para el desarrollo de la instalación de estas nuevas telecomunicaciones, que rompió los esquemas de las operadoras de telefonía móvil. Ambos textos legales, han servido como ejemplo para otras comunidades autónomas y ayuntamientos, que posteriormente tuvieron que regular las famosas antenas de telefonía móvil.

 

Como conclusión general, se demuestra una indiferencia, una pasividad y una falta de control y vigilancia, por parte de las administraciones públicas, que ponen en evidencia la escasa preocupación que muestran hacia los ciudadanos en el cumplimiento de sus obligaciones, impuestas a través de las legislaciones que ellos mismos promulgan, y a su vez manifiestan un tremendo abandono de sus funciones.

 

Ecologistas en Acción Extremadura solicita la retirada de todas las antenas instaladas en nuestra Comunidad sin licencia municipal, independientemente si ahora están en proceso de legalización, en el plazo previsto en la ley (tres meses). Todo ello a instancias del cumplimiento efectivo de la legislación vigente en la materia.