los sindiactos CCOO, UGT y CSIF han informado, mediante una nota de prensa, que el 73% de los funcionarios públicos en Extremadura de las diferentes adminsitraciones secudnaron la huelga programa para la jornada del martes 8 de junio. 

En una nota de prensa conjunta, afirman que la propuesta del gobierno de reducir los salarios en el sector público, la congelación de las pensiones, el empeoramiento en la aplicación de la ley de dependencia, la rebaja en las políticas sociales y en las inversiones públicas, nos lleva a un conflicto social.

Este conflicto social nos lleva a dar una respuesta inmediata y contundente, teniendo en cuenta que estas medidas son las primeras de una batería de otras anunciadas que pueden agravar la situación, aseguran.

La propuesta del gobierno no es una salida para la crisis, no se hace recaer los esfuerzos en quienes la originaron y pretenden que los trabajadores y trabajadoras que no la hemos provocado seamos los que paguemos los platos rotos.

El gobierno rompe unilateralmente el dialogo social en el sector público, el Acuerdo 2010 – 2012 ya contemplaba hace 7 meses medidas de contención salarial suficientes para el escenario de crisis, de hecho, la situación actual de la economía y de las finanzas no difiere sustancialmente de la conocida en el momento de la firma del

Acuerdo y, por tanto, nada posterior justifica su incumplimiento. A las medidas anunciadas se unen otras que ya venían cuestionando el Acuerdo, como las referidas al empleo público, a la paralización de la negociación de otros temas sustanciales como la jubilación parcial o la Ley de Función Pública AGE, etc.

La Negociación Colectiva es un derecho fundamental que está en la Constitución Española, con estas medidas una vez más el Gobierno quiebra este derecho constitucional. Poniendo en cuestión de manera grave la validez y eficacia de los procesos de negociación colectiva en el ámbito de las empleadas y empleados públicos, tratando de enterrar con ello el avance que, en esta materia, supuso la aprobación del EBEP.

La reducción de salarios no solo afecta al personal funcionario, sino a todas las empleadas y empleados públicos. Queremos manifestar públicamente nuestro rechazo a la campaña de descrédito sobre lo público y sobre el personal funcionario, vertida por los medios de comunicación.

La inmensa mayoría de este personal, se puede considerar mil eurista, ya que más del 60% no superan los 1.500€ en bruto.

Queremos denunciar que cuestionando el sector público, se está abriendo la puerta a la externalización y la privatización, suponiendo de facto una renuncia expresa al papel que, en nuestra opinión, deben jugar los servicios públicos y el conjunto del sector público en la recuperación económica y en un cambio de modelo productivo.