La mayoría de la representación sindical de Correos, CCOO, CSI-CSI·F, Sindicato Libre, CGT, ESK e Intersindical Valenciana, apunta que el Anteproyecto de Ley Postal aprobado el pasado 14 de mayo en el Consejo de Ministros trata de enmascarar una reconversión encubierta de Correos con reducción del servicio público y de pérdida de empleo.
Al recorte económico que viene padeciendo Correos, recorte en las inversiones de 2010 cercano al 50%, el déficit maquillado de 2 millones de euros y una empresa en quiebra técnica, una reducción de plantilla de entre el 10 y el 12%, que ha afectado a 7.000 trabajadores y la tentativa de privatización por parte del ejecutivo, se suman ahora los recortes añadidos del Plan de Ajuste del Gobierno, que parece que ha tomado la decisión de llevarse por delante a Correos.
Los recortes se están notando en Badajoz y provincia con una supresión global de 120 puestos de trabajo y la reposición de efectivos es prácticamente inexistente -supresión de empleo fijo-, lo que está provocando entre otros efectos, reparto irregular y falta de atención al ciudadano en las oficinas por insuficiencia de personal. El recorte del Servicio Postal Universal (SPU) que contempla la ley, supone la eliminación de plantilla de reparto y entrega, con lo que, en el mundo rural, el cartero dejaría de llamar a la puerta en muchas poblaciones y sería sustituido por buzones concentrados que aglutinarían a varios núcleos de población, obligando a los ciudadanos a desplazarse hasta ellos, y, en las ciudades, supondría la falta de reparto diario en miles de distritos y barrios.
La mayoría sindical continuará con el proceso de movilizaciones y con la convocatoria de huelga general en Correos en todas las provincias, del día 10 de junio, para exigir la ampliación del servicio postal universal, su financiación íntegra por parte del estado, el mantenimiento del empleo en un plan estratégico para sus 60.000 trabajadores
