CCOO de Extremadura se opone frontalmente a la intención de la ministra de Economía del Gobierno socialista, Elena Salgado, de que las cajas de ahorro pierdan la representación social y política en su dirección y advierte que detrás de estos propósitos se esconde el oscuro objetivo de beneficiar a la banca privada limitando el negocio de las cajas.
Para el secretario general de CCOO de Extremadura, Julián Carretero, es imprescindible mantener en estos momentos la naturaleza jurídica de las cajas para que éstas sigan atendiendo a criterios sociales y económicos y reclama que la reforma del sistema financiero ponga a éste al servicio de la sociedad y facilite que el crédito fluya a la economía para lograr volver a crear empleo.
Para Julián Carretero, la senda por la que se está deslizando el Gobierno con respecto a las cajas de ahorro es muy peligrosa. Primero con sus reticencias a legislar sobre los SIP, bajo cuya fórmula se están integrando las cajas españolas en una clara amenaza a que se produzca una privatización encubierta, y ahora con la intención declarada de eliminar los cargos electos en los consejos de administración.
Detrás de estas actuaciones hay un intento serio del Gobierno por transferir el control de las cajas de ahorro a intereses no sociales ni públicos y de ceder parte de su negocio a la banca privada
CCOO considera totalmente incomprensible que una ministra socialista abrace criterios tan liberales y capitalistas en esta cuestión después de ver que han sido precisamente las políticas liberales y la falta de control sobre las entidades financieras las principales causantes de la crisis económica.
Para CCOO, la reforma del sistema financiero español es un elemento esencial para salir de la crisis y para conseguir reactivar el crédito y la creación de empleo, pero esta reforma ha de colocar al sistema financiero al servicio de la sociedad y no al revés, que es lo que parece que pretende la ministra de Economía
El camino emprendido por el Partido Socialista en el Gobierno de la mano de su ministra de Economía, Elena Salgado, tiene el peligroso precedente del que ya inició en su momento el ministro Solchaga, con resultados muy negativos para la banca pública.
Desde CCOO se exige al Gobierno socialista, y a la Junta de Extremadura en la parte que le toca, que trabajen en reestructurar el sistema financiero atendiendo a las demandas sociales y a las necesidades de nuestra economía y no al beneficio de las entidades financieras privadas.
CCOO defiende la naturaleza jurídica de las cajas de ahorro porque, gracias a ella, éstas han contribuido enormemente al desarrollo económico y social de España y de Extremadura.
Por ello, hay que defender que los consejos de administración de las cajas de ahorro estén mayoritariamente compuestos por cargos electivos, para que éstas respondan a intereses sociales.
En este sentido, es conveniente que se redistribuya la representación en los consejos de administración con un menor peso de las instituciones públicas y las sociedades fundadoras y con mayor presencia de la sociedad civil, de los propios trabajadores y trabajadoras de las cajas y de los impositores.
El hecho de que las cajas de ahorro tengan un 50 por ciento del negocio financiero en España y de cerca de un 55 por ciento en Extremadura demuestra que, pese las críticas perversas e intencionadas, sus gestores han venido actuando con criterios técnicos y eficaces y que la representatividad social existente en sus consejos de administración no ha sido menoscabo para su buen funcionamiento sino todo lo contrario.
El intento de desprestigio de las cajas viene precisamente de aquellos interesados en ocupar parte de sus cuotas de negocio. El Gobierno tendrá que explicar por qué está prestando oídos a estos intereses cuando la historia demuestra que gestores malos y buenos los hay en todas partes; baste recordar el caso en la banca privada de Banesto y Mario Conde o Lehman Brothers.
