Un total de 20 personas, representantes de diferentes colectivos sociales, asociaciones y del mundo académico, han mantenido una reunión de trabajo el pasado mes de diciembre con el fin de coordinar acciones en contra de la instalación masiva de plantas industriales eólicas en la Sierra de Gata extremeña y su vertiente salmantina. La reunión sirvió además, para constituir la Plataforma para la Defensa de la Sierra de Gata-El Rebollar.

La plataforma expone "su gran preocupación por la implantación de estos macroproyectos industriales en la Sierra de Gata" ya que "comprometen los intereses y los derechos de personas que han convertido su actividad profesional en una clara apuesta de futuro, asociada íntimamente a entornos rurales que conservan toda su identidad cultural, al paisaje limpio y a las garantías de economías locales basada en los valores endógenos, indisolubles con el medio natural y social"

Según los miembros de la plataforma, "la invasión eólica en Sierra de Gata-El Rebollar, va en contra de las actuales líneas y planes de desarrollo rural, financiados por la Unión Europea y los gobiernos estatal y autonómico, muy ligados a la recuperación de actividades tradicionales, extensivas y respetuosas con el entorno, el turismo sostenible y la conservación de la biodiversidad a través de la declaración de espacios naturales protegidos".

Asociaciones como ADENEX, SEO/BirdLife, la Sociedad Zoológica de Extremadura, AMUS, ANSER, Ecologistas en Acción de Salamanca, Grupo Vetonia, GATURAL y la Red Foro EAEX, integradas en la Plataforma, no entienden como "se echa por tierra la construcción de políticas de desarrollo rural en Extremadura  que durante más de 20 años han estado basadas en la producción diferenciada, las denominaciones de origen y la calidad, como ejes centrales en el terreno agrícola, ganadero, agroalimentario, forestal y turístico".

 

Por todo ello, la Plataforma para la Defensa de la Sierra de Gata-El Rebollar ha acordado estudiar la puesta en marcha de acciones legales para la paralización de los 5 proyectos aprobados por la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente de la Junta de Extremadura en la Sierra de Gata y los más de 300 aerogeneradores previstos en la vertiente salmantina por la Junta de Castilla y León, que amenazan los valores ambientales compartidos que desde un primer momento la Junta de Extremadura quiso salvaguardar como "zona de exclusión de aerogeneradores".