Los fruticultores cuyas producciones se han visto afectadas por la enfermedad del fuego bacteriano recibirán una indemnización media de 12.000 euros por hectárea, ayuda que se hará efectiva el próximo año, y que dependerá de la edad de las plantaciones, el tipo de formación y la densidad del arbolado.

En total, la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural ha previsto una partida de 1,8 millones de euros, cofinanciados al 50% por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, para indemnizar a estos agricultores.

   Así lo anunció la directora general de Explotaciones Agrarias y Calidad Alimentaria, María Curiel, durante su comparecencia hoy en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural que se celebró en la Asamblea de Extremadura.

   Con este presupuesto, el Gobierno autonómico compensará a los agricultores de las explotaciones afectadas en las que ha sido necesario arrancar y destruir 156 hectáreas de frutales, localizadas principalmente en las Vegas Altas del Guadiana, según informa la Junta en nota de prensa.

SOBRE EL FUEGO BACTERIANO

   El fuego bacteriano, considerada como la enfermedad más grave de los frutales de pepita, se descubrió por primera vez en España en el año 1995. Desde entonces, la enfermedad ha alcanzado a las Comunidades Autónomas de Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Navarra, La Rioja, Aragón, Cantabria, Madrid y País Vasco, con suerte desigual.

   Actualmente, España está considerada como zona protegida por la Unión Europea frente al organismo nocivo que causa la enfermedad, de manera que no se considera establecida en el territorio nacional, a excepción de la provincia de Guipúzcoa y de determinadas comarcas de Navarra. "Esto supone que cuando se detecta la enfermedad, es necesario activar un protocolo para su erradicación y control, que evite su propagación en otras zonas", explica.

   Derivado de esto, en Extremadura desde el año 1996 se vienen realizando trabajos para la detección de la enfermedad, con prospecciones visuales y toma de muestras en monte, viveros y plantaciones comerciales. Como ejemplo, la directora General de Explotaciones Agrarias y Calidad Alimentaria explicó que en los últimos cinco años se han analizado más de 2.200 muestras, con resultado negativo.

EL PRIMER CASO DETECTADO EN MAYO

   Como consecuencia de estos trabajos, en el mes de mayo el Laboratorio Nacional de Referencia de Valencia confirmó el primer caso en Extremadura. De forma inmediata, la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural activó un dispositivo de control y prospección intensiva en parcelas de frutales de pepita y viveros.

   Asimismo, se diseñó un sistema de análisis masivo de muestras en el laboratorio con el objetivo de abarcar todas las parcelas y se han tomado muestras de todas las explotaciones con membrilleros, perales y manzanos. Las actuaciones no se han limitado únicamente a las explotaciones de la zona afectada, sino que se han ampliado a toda Extremadura con el fin de delimitar el alcance del foco.

   De forma paralela a las actuaciones de delimitación del foco, determinación de su origen y alcance y control de su propagación, se ha proporcionado información a los fruticultores afectados. Estos trabajos los ha realizado la Administración regional con la colaboración de las 21 Atrias de frutales registradas en nuestra Comunidad Autónoma y de la Asociación de Fruticultores de Extremadura.

   Tras el análisis en laboratorio de 2.452 muestras, actualmente en Extremadura hay declaradas 156 hectáreas afectadas por el fuego bacteriano. "Dado que el control químico de esta enfermedad es ineficaz, la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural ha procedido al arranque y destrucción de la citada superficie afectada y ha establecido una zona de seguridad en torno a los focos con un radio de 1 kilómetro, en la que se están intensificando las inspecciones y se ha restringido el movimiento de colmenas", explica el Gobierno regional.

   La directora general de Explotaciones Agrarias y Calidad Alimentaria concluyó su intervención asegurando que "se han adoptado todo tipo de medidas, tanto preventivas como correctoras, para evitar el brote y la propagación de la enfermedad" y destacó "la profesionalización de los fruticultores implicados, que ha facilitado el diagnóstico y el desarrollo de las medidas de erradicación".

   Finalmente, María Curiel mostró su confianza en que el "éxito" que ha tenido la combinación de inspecciones intensivas y programas de erradicación en varias Comunidades Autónomas, que han conseguido erradicar el proceso desde 1996, se logre también en Extremadura.