El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha dado traslado a la Presidencia del Gobierno por escrito por el que pide que el Congreso rechace la enmienda presentada el pasado 7 de octubre en el Senado sobre la Ley 6/2009 que regula las instalaciones de energía renovable en España.

  

Los términos en los que va dirigida la carta han sido tratados en el seno de una reunión de trabajo este martes celebrada en la sede de Presidencia de la Junta entre el propio presidente extremeño y los representantes de los agentes sociales y económicos de la región (patronal y sindicatos), según informa Europa Press.

En el escrito, Fernández Vara reclama, entre otras cosas, que es "necesario" paralizar dicha derogación porque algunas de las plantas afectadas ya se encuentran en "avanzado" estado de construcción y por la "desconfianza e inseguridad" que dicha medida generaría en los inversores.

El presidente extremeño reconoce en su escrito, como lo hace el propio sector energético, que es "necesario regular" de forma "equilibrada y estable" dicho sector para "poder tomar decisiones a medio y largo plazo", informó el Gobierno extremeño en nota de prensa.

No obstante, apunta que la actual ley establecía una serie de condiciones (tener todas las autorizaciones administrativas, disponer de financiación, tener punto de conexión a la red eléctrica y haber comprado los principales equipos de la planta) que han superado en Extremadura 40 de los 100 proyectos de termosolar presentados, que ya están en construcción o a punto de iniciarse.

Con la enmienda propuesta en el Senado, la ejecución de dichos proyectos quedaría "en el aire" y el sector viviría una situación de "desconfianza e inseguridad" que sería "poco aconsejable" dada la inversión prevista a medio plazo (con una estimación de unos 300 millones de euros por planta de media y 500 puestos de trabajo durante los dos años de su construcción).

Por todo ello, Guillermo Fernández Vara insta, como ya hizo el viernes el Ejecutivo extremeño mediante acuerdo de su Consejo de Gobierno, a que el Congreso de los Diputados rechace la enmienda propuesta.