El Pleno de Moraleja, reunido este viernes en sesión ordinaria, aprobó por unanimidad iniciar acciones judiciales contra varios concejales socliastas por la presunta comisión de varios delitos. También se recurrirá a la vía judicial para exigir responsabilidades a la Mancomunidad de Municipios de Sierra de Gata.
El asunto ya había sido abordado en la Comisión Informativa de Personal y Régimen Interior, que propuso al equipo de gobierno la adopción de medidas que autoricen a la alcaldesa del PP, Concepción González, a ejercitar estas acciones.
En concreto se presentará una demanda contra la Mancomunidad de Municipios de Sierra de Gata por los "daños y perjuicios" ocasionados al pueblo de Moraleja tras la suspensión del servicio de recogida de basuras. Este servicio fue suspendido por el ente comarcal debido a la deuda del consistorio. La mancomunidad también será demandada por no haber presentado las cuentas públicas del ente que le fueron requeridas en reiteradas ocasiones por el Ayuntamiento de Moraleja como miembro de pleno derecho de la agrupación de municipios.
Los tribunales también estudiarán si se ha lesionado o no el honor de la alcaldesa y del teniente de alcalde, Carlos Lomo, por parte de varios concejales socialistas de la actual corporación. Las acciones judiciales también se ejercitarán contra el ex edil de Deportes socialista en la anterior legislatura, Antonio García Granado, por las "consecuencias" derivadas de la querella que en su día presentó contra la alcaldesa popular.
Finalmente se recurrirá a los tribunales por un presunto delito de prevaricación, entre otros, cometido por los responsables de la empresa May, a la que los populares consideran vinculada al PSOE y que resultó favorecida con varios contratos públicos durante la anterior legislatura. Esta querella se ampliará contra quienes en su día aprobaron las contrataciones con esta empresa y autorizaron el pago de las facturas presentadas en el ayuntamiento, y que un informe pericial considera que fueron "engordadas".
El Grupo Municipal Socialista decidió votar a favor y justificó su postura argumentando que, aunque "no hay ningún fundamento jurídico" en estas acusaciones, su postura permitirá demostrar a los ciudadanos que "no hay nada que esconder", según su portavoz Teresa Roca.
La sesión plenaria también abordó la presentación de un recurso de reposición presentado por el PP contra la moción presentada por el PSOE sobre la Unión Temporal de Empresas (UTE) encargada de la construcción del nuevo puente sobre el río Ribera de Gata. La portavoz socialista contraatacó indicando que el equipo de Gobierno popular no está cumpliendo con el seguimiento de creación de empleo prometido en su día.
Carlos Lomo, sin embargo, consideró que las actuaciones del equipo de Gobierno son las adecuadas y criticó el desconocimiento de la situación por parte de la portavoz socialista.
En la jornada también se aprobó una polémica subida de impuestos que se aplicarán en forma de ordenanzas municipales. A raíz de su publicación, los ciudadanos de Moraleja deberán pagar más por el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, más conocido como "la viñeta" o el "impuesto de rodaje".
También subirán los impuestos sobre Instalaciones, Construcciones y Obras y el de los terrenos de naturaleza urbana, conocido como IBI. Finalmente se aplicará una subida de la tasa por el servicio de recogida de basuras.
Los socialistas fueron muy críticos con la medida y decidieron votar en contra. Su portavoz, Teresa Roca, se mostró convencida de que las recaudaciones de impuestos no irán destinadas a gastos sociales, sino a fiestas.
Pero el equipo de Gobierno justificó las subidas con el argumento de que son las mínimas y necesarias, teniendo en cuenta la nula aportación que en su opinión realizan las administraciones provincial y regional.
Como hecho anecdótico de la jornada cabe destacar que el equipo de gobierno presentó al salón de plenos más de 6.000 folios con los que pretendió convencer a la oposición de que existe transparencia en su actual gestión. El grupo socialista catalogó este hecho de "tomadura de pelo" al no facilitar la infomación en algún soporte informatizado.
El concejal socialista, Felipe Mayoral, fue expulsado de la sesión plenaria después de recibir tres avisos por parte de la presidenta.
