Las plataformas objetoras de Educación para la Ciudadanía (EpC) de Cáceres y Badajoz han creado el Observatorio Extremeño por la Educación en Libertad, que entre otras funciones y actividades se encargará de hacer seguimiento estadístico de las casi 300 objeciones registradas en Extremadura contra dicha asignatura, con el fin de "clarificar" la situación actual de cada una de ellas.
Así lo explicaron hoy en rueda de prensa en Mérida el portavoz de la Plataforma ObjetoreX: Badajoz Educando en Libertad, Daniel Muñoz, y el asesor jurídico de la misma, Domingo Hidalgo, quienes criticaron además a la Junta de Extremadura por no aportar, según indicaron, datos oficiales sobre el número de objetores y de niños que entran o no a las clases para recibir la asignatura en la región.
El Observatorio Extremeño por la Educación en Libertad, según explicó Muñoz, es una iniciativa "pionera" en España en tanto que el órgano de características similares que tiene en marcha el Foro de la Familia se limita a contabilizar el número de objetores sin hacer un seguimiento "real" de los casos, apuntó.
El órgano extremeño tratará así de dar a conocer ante los medios de comunicación cualquier acto de "presión o discriminación" que pueda producirse hacia alumnos objetores. Además, se encargará de analizar los libros de texto, materiales educativos y programas que puedan transmitir valores o cuestiones morales "controvertidas", en especial los relativos a EpC, educación afectivo-sexual y Ciencias para el Mundo Contemporáneo, entre otras.
De igual modo, ofrecerá asesoramiento jurídico y administrativo gratuito a las familias sobre las posibilidades de denuncia de actos concretos de "adoctrinamiento" en clase, indicó Muñoz, quien añadió que para prestar estos servicios, el observatorio contará con los medios técnicos y humanos de las dos plataformas extremeñas (de Cáceres y Badajoz) ya existentes, e incluirá un equipo de profesores y abogados.
Asimismo, fomentará redes sociales y de trabajo de los padres y de los agentes e instituciones que quieran participar en la "lucha por la educación en libertad"; e instará a los profesores a que sean "cuidadosos" y "tomen conciencia" de que "actualmente el currículo educativo da pie a introducir en las clases cuestiones de ámbito moral que no van a ser compartidas por todos los padres".
Igualmente, el observatorio pondrá a disposición de los padres un portal en Internet para que puedan realizar aportaciones y consultas relacionadas con EpC o la objeción a la misma.
EVITAR EL ADOCTRINAMIENTO
Por su parte, en su intervención ante los medios, el asesor jurídico Domingo Hidalgo invitó a los padres que puedan considerar que sus hijos están siendo "adoctrinados" por cursar Educación para la Ciudadanía se conviertan en objetores de conciencia, "para cumplir los derechos constitucionales" a que aquellos puedan decidir el tipo de educación y valores que deben recibir sus niños en las aulas, dijo.
En cualquier caso, Hidalgo reconoció que también los padres pueden adoptar la "legítima decisión" de que sus hijos asistan o no a las aulas para recibir una asignatura como EpC en la lucha contra la cual, dijo, "la llama sigue viva" tras la sentencia del Tribunal Supremo que elimina la objeción y las sentencias de dos juzgados de Zaragoza que, según apuntó, sí han admitido dicha posibilidad a los padres.
Por su parte, el portavoz de la Plataforma ObjetoreX: Badajoz Educando en Libertad, Daniel Muñoz, alertó sobre que el Estado está "imponiendo la doctrina en las aulas de una materia (EpC) con una alta carga moral", y reivindicó el "derecho" de los padres a decidir sobre el tipo de educación de sus hijos.
Así, reclamó a los poderes públicos que dejen de promover el "adoctrinamiento", dijo, a través de "normas injustas" y reconoció que "no es agradable" que las familias se vean "obligadas" a luchar contra dicho "adoctrinamiento".
Finalmente, la portavoz de la Plataforma Independiente de Padres Objetores a EpC en Cáceres, Teresa Cañas, recordó que en Extremadura no ha sido registrada denuncia alguna en la inspección educativa o en los tribunales por supuestos casos de adoctrinamiento en las aulas, aunque reivindicó el "derecho" de las familias a objetar contra la citada asignatura.
