La Junta de Extremadura no ha decidido si congelará el salario a los empleados públicos porque no es competente para hacerlo, según ha aclarado hoy el director general de Función Pública, José Antonio García Hernández, al ser preguntado por esta cuestión en el Parlamento.

El diputado popular Antonio Quintana le ha interrogado por esta posibilidad, en la Comisión de Administración Pública, después de que la consejera de Igualdad y Empleo, Pilar Lucio, manifestara el pasado marzo que la congelación podría ser una medida más para dar liquidez al Gobierno.

Sin embargo, el director general ha matizado hoy que las declaraciones de las consejera se produjeron en unas circunstancias determinadas, después de que el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, planteara esa posibilidad para los que ganan más de 30.000 euros, pero de momento, ha dicho, "no se sabe nada".

En cualquier caso, ha subrayado que la Junta de Extremadura "no ha tomado ninguna decisión, porque no puede tomarla", ya que, según ha explicado, es algo que compete a la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, en la que están representados el Gobierno, las CCAA y los sindicatos.

Sin embargo, Quintana le ha respondido que no cree que la consejera de Igualdad hable "de forma gratuita" y ha señalado que, aunque sabe que los presupuestos generales del próximo año marcarán las retribuciones de los empleados públicos en 2010, no tiene confianza en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

En este sentido, ha propuesto que si el Ejecutivo decide congelar los sueldos de los empleados públicos, la Junta de Extremadura compense esta medida incrementado los complementos salariales de sus trabajadores.

"Los empleados públicos ya están hartos de ser los paganos de todas las crisis", ha aseverado el parlamentario del PP, que ha alegado también que en épocas de bonanza tampoco se atiende a una reivindicación histórica de este colectivo, como es la homologación salarial con la media del país.

A este respecto, el director general ha considerado que los funcionarios no están sufriendo el coste de la crisis, al menos económicamente, aunque sí "moralmente", como todos los ciudadanos.