El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo condena a la administración española a indemnizar a un extremeño con 22.500 euros por los 22 meses que permaneció en la cárcel, pese a ser inocente de un delito de robo a una sucursal bancaria del que fue acusado injustamente en 1985.
Así lo expuso este lunes el afectado –Agustín– a Europa Press Televisión en su domicilio de la localidad pacense de Santa Amalia, donde precisó que con esta sentencia "definitiva" el citado tribunal declara que en su caso "se han violado los derechos humanos" y además queda claro que fue desamparado tanto por "el gobierno" de entonces, así como por "la Audiencia Nacional y el Tribunal Constitucional", apuntó.
"Por fin, después de 24 años, tengo una recompensa moral y se han reconocido mis razones", aseveró Agustín, antes de señalar que pese a ello la cantidad que le embolsarán por los daños y perjuicios causados a su persona durante este tiempo "es ridícula", puesto que asegura que él se ha gastado "más dinero" en gastos judiciales, durante su periplo legal.
Sin embargo, sí que mostró su satisfacción por considerar que su lucha puede asentar precedentes, ya que opinó que tras la sentencia del tribunal europeo "la administración española" deberá "reconsiderar otros casos idénticos", ya que, a su juicio, "son muchas" las personas que han pasado por la misma situación en la década de los 80.
"Yo lo que quiero es mantener la llama de los derechos humanos encendida, igual que la llama olímpica es para los deportistas, la de los derechos humanos es la de las personas", apuntó, antes de agregar que por ello espera que "esta sentencia sirva de ejemplo".
En cuanto a los hechos por los que fue recluido durante casi dos años, relató que fue encarcelado, pese a ser inocente, simplemente por mantener relación con un colectivo de activistas. "Fui a prisión junto a un grupo de personas que mantenían relación con otras que habían cometido hechos supuestamente delictivos", durante la Dictadura y también en los primeros años de la Transición.
Se refiere a los componentes de la Coordinadora de Presos en Lucha (COPEL), que según recordó, algunos de sus militantes fueron reclamados por altas esferas de "corrupción" entre las que se encontraban "mafias policiales y políticas franquistas", que, a su entender, fueron respaldados por "jueces" de la misma ideología, para encubrir un "trasfondo complicado", que resumió en un atraco a una sucursal de Banesto, en Madrid, para conseguir dos objetivos.
Por un lado, se trataba de sustraer "joyas y antigüedades" valoradas en más de "1.500 millones de pesetas", pero al mismo tiempo, estas cúspides, organizaron el robo para hacerse con "la caja de seguridad donde un ex presidente de Gobierno" –Adolfo Suárez– tendría documentación importante, según subrayó.
Tras reiterar que su único delito fue mantener contactos con este grupo, explicó que además de él también ingresaron en la cárcel, ese mismo año, a "novias y mujeres" tanto de los "autores confesos" del golpe perpetrado "como a familiares de otros inocentes".
En cuanto a su puesta en libertad, aseveró que ese día llegó cuando "aparecieron los documentos robados", y puntualizó que lo que nunca se recuperó fue el material, "de elevado valor económico" que fue sustraído en el mismo robo.
Por ello, concluyó que se ha sentido "como un rehén" durante su estancia en el centro penitenciario, y achacó lo sucedido a un complot "político", organizado por los herederos del franquismo, que "hicieron desaparecer el sumario" de este asunto y enviaron a prisión a "gente inocente", porque durante esos años "prevalecía la presunción de culpabilidad" sobre los derechos humanos del individuo, censuró.
Agustín es hijo de un republicano represaliado que pasó por el campo de concentración de Badajoz, y que ha vivido durante varias décadas bajo otra identidad. Además es vicepresidente del Foro de la Memoria Histórica de Santa Amalia, donde constató que son más de una centena las personas desaparecidas en esta localidad desde la Guerra Civil.
Asimismo, este hombre que se considera "rojo" y que tiene decorada la bóveda de su casa con los colores de la Bandera Republicana, en la actualidad está recopilando documentos para escribir una investigación sobre los derechos humanos en España desde el inicio de la Guerra Civil hasta la década de los años 80.
