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El diputado por Badajoz Alejandro Ramírez del Molino exigirá explicaciones en el Congreso sobre las responsabilidades políticas que se deriven del caso de la periodista despedida de manera improcedente en la Delegación del Gobierno en Extremadura durante el periodo de baja por lactancia.

Según ha informado el PP en una nota, demandarán las explicaciones pertinentes ante la actuación de la delegada del Gobierno, Carmen Pereira, y que se asuman responsabilidades "por una actuación totalmente inadmisible desde la administración pública".

Además, recuerda que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha considerado el despido como improcedente, confirmando una sentencia del Juzgado de Badajoz.

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Para el diputado del PP, estás explicaciones son necesarias "tanto por la actuación de la delegada del Gobierno, como por su salida ante el fallo judicial, achacándolas al Ministerio de Administraciones Públicas, y faltando a la verdad en sus argumentos, al afirmar que la periodista despedida no estaba de baja por maternidad "sino de vacaciones"".

El PP también ha hecho hincapié en que la Delegación del Gobierno haya preferido asumir el pago de una indemnización por despido improcedente de 40.000 euros en vez de readmitir a la trabajadora, como era su deseo, a su puesto de trabajo, "lo que habría supuesto desalojar de la delegación del Gobierno al ex-alto cargo de Rodríguez Ibarra que ocupa una plaza en circunstancias poco claras".

El diputado popular indica que "el brazo ejecutor" de ese despido improcedente es el actual director de Trabajo de la Junta de Extremadura, Juan Manuel Fortuna, circunstancia que para Ramírez del Molino supone "un sarcasmo".

Por su parte, Izquierda Unida ha pedido hoy la dimisión de Carmen Pereira como delegada del Gobierno en Extremadura porque el despido improcedente de una periodista que trabajaba en esta institución, según ha fallado el Tribunal Superior de Justicia regional, refleja la existencia de "clientelismo" en esa administración.

IU ha indicado que la circunstancia se "agrava aún más" por la negativa de la Delegación del Gobierno a readmitir a la trabajadora injustamente despedida.

El despido "no tenía otro objeto que el de permitir que su plaza fuera ocupada por un antiguo alto cargo de la Junta de Extremadura", algo que, en nuestra opinión, resulta inadmisible.

En este sentido, IU ha solicitado la "separación inmediata" del puesto que desempeña en la actualidad Antonio María Blázquez, ya que "en ningún caso, tras la aceptación de su renuncia solicitada por él mismo, disfruta de derecho alguno sobre esa plaza, con arreglo a la legislación vigente".

"Situaciones como las que han tenido lugar ponen de manifiesto que la actual legislación laboral permite de hecho el despido libre, aunque no gratuito, lo que supone una clara merma de los derechos de los trabajadores, que asisten impotentes a la pérdida de su puesto de trabajo aunque se lleve a cabo sin motivos justificados", ha añadido.

Por ello, IU ha propuesto la reforma del ordenamiento laboral para la eliminación de la figura del despido improcedente, o en su caso que se modifique para su resolución en virtud de la voluntad del trabajador y no del empresario, ya que no en la actualidad esta figura no tiene otra consecuencia que la de hacer efectivos aquellos despidos que no tienen justificación legal, así como provocar la indefensión de los trabajadores afectados


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