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El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM) dispone de un plazo de tres meses para decidir la conveniencia medioambiental del proyecto de Refinería y Oleoducto Balboa, que se prevé construir desde Extremadura hasta la costa onubense. Según informaron fuentes de este departamento a Europa Press, una vez que a principios de esta semana llegó el informe solicitado a Portugal –necesario por su cercanía geográfica al proyecto y por compartir la cuenca hidrográfica del Guadiana con España–, se ha entrado en la fase de alegaciones que serán estudiadas antes de emitir un dictamen a favor o en contra del proyecto.

En concreto, se indicó que se prestará "especial atención" a la disconformidad portuguesa sobre lo que afecta a la cuenca compartida y la recomendación de este país vecino para la mejora de los planes de prevención de riesgo de la directiva SEVESO de sustancias peligrosas. Si bien, este plazo de un trimestre de duración podría alargarse puesto que el ministerio de dirige Elena Espinosa podría solicitar consultas complementarias al promotor del proyecto.

El informe del Gobierno de Portugal, al que ha tenido acceso Europa Press, concluye que el proyecto de Refinería y Oleoducto Balboa es "susceptible de provocar impactos negativos en territorio portugués", en concreto en materia de calidad de las masas de agua, en concreto en la Albufera de Alqueva y en la zona del río Guadiana que pasa por ese país.

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En ese sentido, "para evitar los impactos transfronterizos" recomienda que el proyecto sea "reformulado" para asegurar la adopción de sistemas de tratamiento avanzados que eliminen o reduzcan significativamente las cargas totales de los contaminantes y que afectarían de forma especial a la calidad de las aguas, al aumentar su salinidad.

Finalmente, insiste en que se debe modifica la forma de descarga de los eflujos industriales sobre la cuenca hidrográfica del Guadiana y sobre las masas de agua que constituirían el origen de agua de la citada refinería.

Por último, identifica "lagunas de información" relativas al análisis de riesgos de potenciales impactos transfronterizos a nivel socio-económico, por lo que deberían ser solucionadas con el objetivo de minimizar tales daños. Varias organizaciones ecologistas han solicitado también al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino que rechacen el proyecto al considerarlo negativo para el medio ambiente.


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