Las delegaciones en Extremadura de las asociaciones de autonómos y microempresas OPA y UPTA han pedido hoy la puesta en marcha de un "renta de resistencia" de entre 491 y 750 euros netos mensuales para aquellos que se vean obligados a cerrar su negocio debido a la crisis.
Esta renta o salario se abonaría a los autonómos durante un año a partir del cierre de su actividad, según explicaron el presidente de OPA Extremadura, Fernando Segador, y el secretario general de UPTA Extremadura, Luis Durán.
Según precisó a Europa Press Fernando Segador, la idea es que la citada renta de resistencia sea abonada por la Administración autonómica, a la que también se ha solicitado la constitución de una "mesa de trabajo del autónomo" en la que participarían representantes del sector y de la Junta.
"La renta de resistencia sería para todos los autónomos que por causas justificadas tuvieranj que cerrar su negocio y que ahora se ven entre las espada y la pared; algunos no tienen ni para seguir comiendo día a día, se trata de cubrir las necesidades básicas de sus familias", apostilló Segador. Entre febrero de 2008 y febrero de 2009 en Extremadura se han producido 833 bajas netas de autónomos.
Los representantes de OPA y UPTA comparecieron en un acto informativo en Mérida, en el que dieron a conocer las medidas de apoyo al sector que han solicitado en las reuniones que han mantenido con las consejeras de Economía, María Dolores Aguilar, y de Empleo, Pilar Lucio, así como con el Grupo Socialista en la Asamblea.
MEDIDAS NACIONALES
Entre tales medidas figuran algunas de aplicación regional, como la renta "de resistencia" y la mesa mixta, mientras que otras son de carácter nacional, ya presentadas por las direcciones nacionales de las dos organizaciones. Para estas últimas, OPA y UPTA de Extremadura piden la intercesión de los poderes públicos de la región ante la Administración del Estado.
Entre estas iniciativas figuran la ya conocida referente al IVA de las facturas, que se pide no sea declarado o al menos no se abone hasta el cobro de la factura; o la modificación de la Ley Concursal para que se garantice a los autónomos cualquier cobro por un trabajo realizado a una empresa mayor, lo cual se conseguiría mediante la creación de un fondo de garantías.
Así mismo, reclaman el cumplimiento de la legislación vigente en lo concerniente a la obligatoriedad de que las administraciones abonen a los proveedores en un plazo máximo de 60 días. Otra de sus peticiones es la constitución de una banca pública, papel que podría desempeñar el propio ICO, para la gestión de créditos de hasta 65.000 euros.
También piden que se autorice la contratación de autonómos colaboradores a tiempo parcial; que la capitalización del paro para el que se quiera instalar como empresario sea del 100%; o que se reconozca el papel del autonómo como formador de aprendices, lo que conllevaría que la administración asuma el 75% del salario base de estos.
Otra reivindicación del colectivo es que cuando un autónomo o microempresa contrate un pardo reciba su prestación por desempleo a razón del 100% de la misma al primer año, el 70% al segundo y el 50% al tercero.
