Casi 50 personas, que tenían en su poder centenares de trofeos de especies protegidas capturadas ilegalmente en la Reserva de Gredos, han sido detenidas por la Guardia Civil fruto de la desarticulación de una red dedicada a la caza furtiva en varias provincias. La investigación, que ha desembocado en 48 detenciones (46 hombres y 2 mujeres), comenzó en Gredos (Ávila) y se amplió a Toledo, Cáceres, Madrid y Ciudad Real, ha informado hoy en conferencia de prensa el subdelegado del Gobierno en Ávila, Cesar Martín.
La operación, denominada "Almanzor", ha contado con la participación de medio centenar de agentes de seis comandancias, comenzó el pasado mes de noviembre y empezó a dar sus frutos el pasado 3 de marzo, cuando comenzaron a producirse las 48 detenciones, las cuatro últimas ayer. La desarticulación de esta red ha supuesto la detención de 48 personas de las provincias de Ávila -29-, Toledo -9-, Madrid -5-, Cáceres -3- y Ciudad Real -2-, así como la recuperación de más de 350 trofeos de animales, entre los cuales figuran 3 leones llegados de África, junto a otros animales importados desde ese continente.
Además, también figuran 58 machos de cabra hispánica, 95 venados, 92 corzos, 23 gamos, 17 muflones, 16 rebecos y 22 jabalíes, así como avutardas, garduñas, un tejón y un águila, entre otros ejemplares autóctonos de la Península Ibérica. Asimismo, se han recuperado 28 armas de caza de distintos tipos y calibres, 8 silenciadores, 3 pistolas, 2 revólveres, 3 arcos, 6 armas blancas, 130 precintos manipulados, 17 emisoras, prismáticos, miras telescópicas, focos, linternas y ordenadores, así como 72.100 euros y 21.500 dólares en metálico.
Entre los implicados ahora, más de la mitad como clientes de la red, se encuentran algunos de los detenidos en 2004 en esta misma zona durante la denominada operación "Chupete". El subdelegado del Gobierno ha dado por finalizada la operación, aunque el teniente coronel Juan Manuel Llenderrozas, no ha descartado nuevas detenciones, teniendo en cuenta que ayer se produjeron las cuatro últimas. Desde que iniciaron la investigación, los agentes pudieron obtener numerosos datos tanto de los integrantes de la organización como de las personas que pagaban por cazar ilegalmente animales protegidos. Las cantidades oscilaban, en función de la pieza, entre 2.500 y 5.000 euros.
Todo ello hizo sospechar de la existencia de un grupo organizado, por lo que se estableció un despliegue de medio centenar de guardias civiles de Ávila, Toledo, Cáceres, Badajoz, Ciudad Real y Madrid. El modus operandi de la red consistía en preparar cacerías furtivas a clientes que deseaban cazar un animal prohibido o de unas características determinadas, pagando un precio inferior al que le costaría utilizando los cauces legales -este año más de 8.000 euros-. Para ello, contactaban con un intermediario muy conocedor del mundo de la caza, mediante anuncios, más o menos encubiertos, insertados en revistas especializadas.
Este intermediario, una vez comprobada la fiabilidad del cliente, le ponía en contacto con el encargado de organizar la cacería, que era quien le acompañaba durante la misma. Tras proponer la fecha, lugar y hora, y fijar el precio para cada pieza y trofeo, ponían al cliente en contacto con la persona que se encargaba de localizar en el monte las zonas en las que se encontraban las piezas de caza que se ajustaban al pedido, las seleccionaba y las hacía un seguimiento. Habitualmente la cacería se producía de noche, con armas dotadas de silenciador y sin numeración para que, en el caso de tener que abandonarlas, no se les pudiera vincular con ellas.
