La Junta de Extremadura elabora un borrador de decreto para la gestión de Residuos provenientes de la Construcción y de la Demolición (RCD) por parte de los municipios de la región donde destaca el establecimiento de una fianza obligatoria por parte de la persona que va a generar escombros.

Según explica María Pérez Fernández, de la Dirección General del Medio Natural, en una respuesta al PP en una reunión de la Comisión de Industria, Energía y Medio Ambiente de la Asamblea regional, el borrador se ha presentado a las diputaciones provinciales, a la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura (Fempex) y a todos los ayuntamientos de la región.

En él se marcan las pautas para llevar a cabo la gestión de eliminación de residuos de la construcción, se especifican los distintos tipos de residuos, se recuerda de quién es competencia la eliminación de los mismos y se establecen distintas herramientas para la gestión, como establecer dicha fianza obligatoria.

Así, según la agencia Efe, "la Junta está tratando de colaborar con los ayuntamientos extremeños para aportar soluciones ante este problema, teniendo en cuenta la crisis financiera por la que muchos están pasando".

De esta manera, se establece el principio de "quien contamina paga", por lo que la responsabilidad de la gestión de cualquier residuo es de quien lo genera.

Así, cuando un constructor o un particular desea llevar a cabo una obra acude al ayuntamiento competente para obtener una licencia municipal y, con este decreto, tendrá además que pagar una fianza en función de la cantidad de RCD que prevé generar, ha explicado Pérez.

La fianza, que será superior a lo que sería la adecuada gestión de los escombros, forma parte de un depósito que tendrá el ayuntamiento hasta que se demuestre su buena gestión.

De este modo, al terminar la obra, si la cantidad de RCD acumulados coincide con la revisión hecha en un principio, la fianza será devuelta y, si no, el Ayuntamiento la ejecutará para la eliminación y limpieza de los residuos, subraya Pérez.

Por otro lado, Pérez reseña el interés del sector privado en la eliminación de RCD, por lo que "es obligado dar oportunidades a estas empresas" ya que podrían reducir "el serio problema que supone la gestión de residuos para los ayuntamientos".

Según María Pérez, el borrador de decreto está actualmente siendo estudiado por los ayuntamientos de la región con el fin de decidir si se utiliza esta vía o no, y ha querido invitar a todos los municipios a que se integren al plan de manera voluntaria.

Del mismo modo, a pesar de que la normativa establece que las ciudades de más de 10.000 habitantes tienen que tener regulado el sistema de la gestión de los RCD, la Administración regional cree que este plan es "más ambicioso" ya que integrará a los municipios pequeños "porque ellos también generan escombros", concluye.