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La Comisión Europea ha iniciado un expediente sancionador contra el Estado español por incumplimiento de la normativa europea en el embalse de Valdecañas, incluido en una zona protegida donde en el verano de 2007 se iniciaron las obras para la construcción de un complejo turístico que en abril de ese mismo año fue declarado Proyecto de Interés Regional (PIR) por el gobierno extremeño, que no obstante confía en que el citado procedimiento concluya sin que se produzca sanción alguna, a tenor de los informes realizados antes de dar vía libre a la urbanización turística.

Marina Isla de Valdecañas es el nombre de la empresa que promueve el citado complejo, el mayor que actualmente se proyecta en Extremadura, con una extensión que supera las 130 hectáreas, entre El Gordo y Berrocalejo. El proyecto incluye un campo de golf de 18 hoyos, puerto, playa artificial, 600 viviendas de chalets e incluso un pueblo tradicional , además de toda la obra de urbanización exterior, como una carretera con puente y canal, central eléctrica o depuradora, "todo ello en un espacio, hasta entonces ocupado por miles de aves acuáticas", señala la Asociación para la Defensa de la Naturaleza y los Recursos de Extremadura (Adenex), que llevó sus protestas por el complejo turístico hasta Bruselas.

Ahora el organismo comunitario ha remitido una carta de emplazamiento al Estado español para que aclare y explique las actuaciones que se están llevando a cabo en este entorno de la provincia de Cáceres. En consecuencia, la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente deberá presentar información sobre el proceso seguido para conceder la autorización administrativa a la empresa promotora del proyecto. Según respondió ayer la Junta, se trata de un procedimiento administrativo que inicia la Comisión Europea para determinar si se ha cumplido con los requisitos que exige la normativa comunitaria en vigor, desde el punto de vista de la conservación de los valores ambientales de la zona.

A su juicio, el procedimiento no tiene que concluir necesariamente en un proceso sancionador si la Comisión Europea, a la vista de los informes y documentos de la Junta, estima que no ha habido incumplimiento de la normativa, "como ha sucedido hasta ahora en otros requerimientos de información solicitados", indicó el gobierno extremeño en una nota de prensa. La Junta fundamenta su respuesta en que el proyecto fue aprobado tras "un proceso amplio de información pública en la Declaración de Impacto Ambiental", al objeto de garantizar los valores de la ZEPA. Este proceso duró 30 días, iniciándose el 6 de diciembre del 2006, fecha a partir de la cual pudo examinarse el proyecto en las dependencias de la entonces Consejería de Medio Ambiente, en Mérida.

 

VARIAS DENUNCIAS

Desde que el proyecto se diera a conocer, los grupos ecologistas han presentado denuncias por infracciones contra varias directivas europeas, entre ellas las de aves, hábitats, evaluación de Impacto Ambiental, evaluación de planes y programas, acceso a la información, aguas y contratación pública y, aunque la Comisión Europea ha confirmado el inicio de dicho expediente de sanción, aún se desconoce cual o cuales de estas infracciones han motivado la apertura del expediente. Las denuncias se basan en el impacto que un complejo de estas características provoca sobre un entorno que, como el de Valdecañas, posee altos valores medioambientales. También llevaron ante Bruselas la presunta desecación intencionada del río Tajo en las inmediaciones del pantano para, según los grupos conservacionistas, facilitar este proyecto.


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