La Justicia vivirá hoy una nueva jornada de paro. Los protagonistas, en este caso, los jueces y magistrados, que afrontan la que será su primera huelga. En Extremadura la secundarán aproximadamente el 67% de los 91 jueces titulares que hay en la región –la planta judicial es de 101, pero 10 de ellos son actualmente sustitutos–.

Es la previsión teniendo en cuenta la que ayer hacían a este diario los magistrados Emilio García Cancho, juez decano de Badajoz; y Joaquín González Casso, portavoz de los jueces cacereños.

García Cancho calculó que en Badajoz respaldarán la convocatoria de huelga entre el 75 y el 80% de los jueces y magistrados –unos 40 de los 53 que hay en la provincia–, mientras que González Casso señaló que en Cáceres la secundarán la mitad. "Somos 38 en la provincia e iremos a la huelga 19, es decir, el 50%, pero si solo contamos a los magistrados de órganos unipersonales (juzgados) el porcentaje es superior al 80%".

El magistrado cacereño hizo esta matización porque según dijo el porcentaje baja en Cáceres porque en esta ciudad está la sede del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) "y ninguno de sus magistrados irá mañana (por hoy) a la huelga", como tampoco lo harán los de la Audiencia.

También el juez decano de Badajoz precisó que los que hoy no secundarán la huelga "no es que estén en contra, sino que creen que habría que dar más tiempo al Gobierno" y por ello, recordó, "han decidido convocar otra jornada de protesta el 26 de junio".

Tanto en Cáceres como en Badajoz se mantuvo a última hora de la mañana de ayer una reunión para fijar los puntos del manifiesto que leerán a las 12.00 horas de hoy a las puertas de los palacios de justicia de la región, y concretar servicios mínimos, respecto a los cuales se aseguró que la tutela judicial efectiva está garantizada.

Hace ya casi tres meses que jueces de Extremadura lanzaron la propuesta de hacer una huelga como medida de presión para que el Ministerio y el CGPJ atiendan sus reivindicaciones. El 21 de noviembre hicieron la propuesta y dos meses después se ratificaba. 53 de los 68 jueces y magistrados que asistieron el 21 de enero a la junta de jueces convocada en Extremadura para este fin votaron a favor de hacer huelga el 18 de febrero, 12 en contra y 3 en blanco.

 

AFECTADOS DIRECTOS Parece que la mayoría de los jueces extremeños consideran esta huelga necesaria y justa, pero, ¿qué opina el resto de los profesionales de la judicatura en la comunidad? Las posturas entre abogados, procuradores y sindicatos son dispares.

En contra se manifiestan los abogados, que aseguran que, como en otras ocasiones, ante cada huelga que afecta a la Administración de Justicia son perjudicados directos, por la paralización de sus despachos y por la acumulación posterior de tareas.

"Inapropiada" considera la huelga el decano del Colegio de Badajoz, Luis Márquez, que aunque reconoce que comparten muchas de las reivindicaciones de los jueces, opina que los problemas de la Justicia "son mucho más amplios y profundos", y que la huelga de jueces "no aliviará la muy precaria situación de los derechos de los ciudadanos ante la Justicia".

En su opinión, porque son muchos y muy profundos los problemas que aquejan a la Justicia, "solo la voluntad del Gobierno y todos los partidos políticos plasmada en un muy amplio Pacto de Estado, en cuya aprobación seamos oídos los que, de una u otra forma, contribuimos a hacer justicia, podrá acercar las prestaciones de la Administración de Justicia a las necesidades de la ciudadanía".

Por su parte, el decano de los abogados cacereños, Carmelo Cascón, considera que existen razones para que los jueces (y el resto de operadores jurídicos) "protestemos por el colapso permanente de los juzgados y tribunales, debido, de una parte, al excesivo número de asuntos que se tramitan, y de otra a la escasez de medios, tanto humanos como materiales". Pero pese a ello, opina que el derecho a la huelga de los jueces "es más que discutible", y que existen otras vías "perfectamente legales y válidas" para explicar a la sociedad los graves problemas endémicos que existen en la Justicia y exigir su inmediata solución".

Y similar es la opinión de los procuradores. Así, el Colegio Provincial de Cáceres, que reconoce "cierto" que la Justicia española "plantea problemas ancestrales que se encuentran sin resolver y que ha llegado el momento de abordar" y que existe "un fondo de realidad y necesidad en las reivindicaciones planteadas por jueces y magistrados", no cree que la huelga "sea el camino más apropiado para resolver los problemas".

Los que sí la apoyan son los representantes sindicales de los trabajadores de la Justicia en Extremadura. Así, CSI-CSIF "entiende y apoya" la decisión de los jueces extremeños de hacer huelga el 18 de febrero, y "celebra que por primera vez se unan al resto de trabajadores de los juzgados para denunciar lo que realmente está pasando en la Administración de Justicia", indicó su presidenta territorial del Sector Justicia, Ana Cristina Blázquez Gil.

Para este sindicato "el objetivo que se tiene que conseguir, por el bien de todos, es el de avanzar en la consecución del conjunto de medios personales, materiales y tecnológicos que adapten la Justicia a los nuevos tiempos y necesidades, frente a una estructura que se ha quedado obsoleta". En cualquier caso, CSI-CSIF "comparte con los jueces la necesaria e improrrogable reforma integral de la justicia".

También los responsables de CCOO, que aseguran compartir las afirmaciones de jueces y magistrados respecto a las innumerables carencias y problemas que afectan a la Justicia, "nos congratulamos de que también otros colectivos –por el de los jueces– se sumen a las reivindicaciones por la mejora de este servicio público"; y advierten que la solución de los problemas "no puede pasar nunca ni por perseguir a los trabajadores cuando convocan acciones para defender sus legítimos derechos, ni por imponer castigos ejemplarizantes en expedientes disciplinarios…".